En esta semana la actualidad política
se ha calentado mucho. Con el runrún del caso tres por ciento de fondo, que ya
vemos que era aún más mordida que la que expresa esa cifra, las relaciones
entre el PP y Ciudadanos se han agriado más de lo que cabría esperar a estas
alturas de legislatura. El detonante ha sido Murcia, la imputación del
presidente regional, el incumplimiento de la palabra dada por dicha autoridad y
la decisión del partido de Rivera de romper la alianza regional, con un ultimátum
al PP para que, o escoge un nuevo candidato a presidencia, o apoyará una moción
de censura junto con el PSOE, y el apoyo de Podemos, para convocar nuevas
elecciones regionales.
Este clima local de desencuentro
se ha trasladado al Parlamento nacional, donde el acuerdo PP Ciudadanos
garantiza 170 escaños, que son muchos, pero no mayoría absoluta, y ha generado un
cruce mutuo de acusaciones incumplimiento de pactos y un lanzamiento a la cara
de comisiones de investigación sobre las corruptelas propias y ajenas que,
la verdad, ha resultado bastante patético. Parece obvio que el PP no se ha
hecho a la idea de que ya no tiene mayoría absoluta, de que depende del voto de
otros para sacar sus iniciativas y ocultar sus trapos sucios. Las declaraciones
que cada día realiza Rafael Hernando, portavoz popular en el Congreso,
enmiendan, con su tono y forma, cualquier llamada al diálogo que surge, también
cada día, de muchos de los altos cargos y ministros del gobierno. En este
reparto del “poli bueno poli malo” a Hernando le ha tocado ser el jefe de los “muy
malos” y es él el que se reúne con mayor frecuencia con Ciudadanos. El partido
de Rivera, por su parte, se encuentra en una posición complicada. Su
coherencia, que la ha demostrado en el caso murciano, cojea por su escaso peso
electoral. Por así decirlo, es una muleta corta, que se sabe necesaria pero no
imprescindible. Sus resultados electorales, buenos, se quedaron en el camino hacia
lo excelente, y les ha colocado en una posición incómoda que les permite poco
lucimiento. Además, Rivera tiene la estabilidad del gobierno como una de sus
metas, y sabe que cuanto más pese ese criterio en sus decisiones menos
relevancia aún obtendrán sus propios escaños. Atrapado entre la necesidad y la
virtud, Rivera se ve en un brete bastante desagradable. Además hay otros dos
factores que le hacen la vida más complicada si cabe. Uno es el caso que sigue
existiendo a su izquierda, con un Podemos subido al monte de Iglesias y
Montero, con el que casi nada podrá hablar, y menos pactar, y un PSOE en estado
comatoso, cuyo liderazgo sigue en disputa y sin que nadie se atreva a hacer
vaticinios certeros al respecto. Ahora mismo las relaciones parlamentarias de
Ciudadanos con el PSOE son bastante buenas, pero una hipotética victoria de Sánchez
en las primarias puede hacer que esas ententes cordiales se desvanezcan. El
otro problema añadido es el del llamado “botón nuclear” que es la forma
rimbombante con la muchos analistas denominan a la opción que tiene Rajoy de
convocar elecciones cuando le plazca, para aumentar la dimensión de su grupo
electoral a costa de las crisis y debates internos que viven los demás. Una y
otra vez ha reiterado el Presidente del Gobierno que quiere acabar la legislatura,
que le parece un disparate volver a las urnas tras el caótico año 2016, y su
fama de previsible hace que esta voluntad pueda ser realmente la que se esconde
en sus deseos, pero no son pocas las voces de su entorno (sobre todo el mediático)
que de vez en cuando sueltan la posibilidad de esa convocatoria, que dejan caer
la opción, como amenaza velada.
Es obvio que un destrozo, y no
digamos ruptura, del acuerdo PP Ciudadanos nos acercaría mucho a esa
convocatoria electoral, pero mi sospecha es que, ante esa disyuntiva, Rivera
cedería para evitar el daño de la disolución, campaña y pérdida de tiempo
asociada. Lo que puede ser determinante para que haya elecciones anticipadas, o
las aleje del todo, es la negociación presupuestaria con el PNV, y sus frutos.
Si finalmente hay acuerdo y se aprueban unos presupuestos para 2017, o incluso,
prorrogados estos, para 2018, no habrá adelanto electoral. Si ese “pacto del
tractor” no se cierra, la tentación para disolver las cámaras por parte de
Rajoy será muy alta y, amparado en la ausencia de cuentas públicas, con muchos
argumentos. Toca esperar y ver.
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