Aunque hay bastante poca concreción en el texto, lo ayer firmado entre el desgobierno central y la Generalitat de Cataluña plasma, en un documento oficial, la esencia de lo apalabrado en Waterloo entre el sedicioso Puigdemont y el ahora en prisión preventiva Santos Cerdán. Dos delincuentes repartiéndose como si fuera un botín, de hecho así lo ven, la Agencia Tributaria y la recaudación fiscal, con el objeto de que uno de ellos se quede con una de las partes más sustanciosas, quitándoselo a los demás. Un acto de absoluta injusticia, insolidaridad y desprecio hacia el resto que, en su momento, fue un acuerdo entre partidos y ahora lo es entre administraciones.
A partir de hoy, toda la artillería mediática de Moncloa, pública y privada subvencionada, se dedicará sin descanso a vender las ventajas “progresistas” de este acuerdo como si fuera el mayor avancen de derechos sociales jamás registrado en nuestro país, cuando se trata de justamente lo contrario. La mal llamada financiación singular, el cupo catalán sería una denominación mucho más ajustada, no es sino el intento de plasmar en ley la segregación de Cataluña de la caja común de la recaudación tributaria nacional, de la que ya están exentas las tres diputaciones vascas y Navarra a cuenta del cupo, muy injusto, pero reconocido constitucionalmente. La aspiración del nacionalismo catalán, recuerden, dominado por facciones de derechas o muy de derechas, y representando a los intereses de las clases altas catalanas, las que por renta pagan más impuestos allí, es que ese dinero que ellos pagan como tributo se lo queden ellos, a ver si de esa manera logran pagar menos y, desde luego, no aportar nada a la financiación del conjunto del país. Cataluña no paga impuestos, Asturias no paga impuestos. Las personas físicas y jurídicas que residen en cualquier parte del país y que generan rentas sujetas a tributo pagan impuestos, y si sumamos lo que aportan los que radican en un territorio averiguaremos lo que de ese territorio se recauda, pero no lo que EL territorio paga. Un rico en Extremadura paga más impuestos que un pobre en Cataluña. Es el hecho de que haya más ricos en Cataluña que en Extremadura el que hace que las cuantías obtenidas mediante residentes que miran al Mediterráneo superen a las que se perciben agregando lo que vive en las vegas del Guadiana. Así de simple. Lo que ocurre es que el nacionalismo catalán, ese sector extractivo de la población que se inventa agravios con tal de sacar pecho y, a través de la victimización, conseguir prebendas, ha decidido que rompe las reglas del juego y que se quiere quedar con todo el dinero que los ricos de Cataluña aportan a la caja nacional, y que se traduce en que si se realiza una obra de Alta Velocidad en Extremadura, de coste millonario, sea la tributación nacional quien la pague, de tal manera que, si sumamos territorios, sean Cataluña o Madrid los que más hayan cofinanciado de los costes de esa obra. Subidos a una ola de mentiras y agravios inventados digna de la mejor de las estrategias trumpistas, y sabiendo que ante ellos tienen a un gobierno débil, presidido por un sujeto al que nada le importa más allá de su posición de poder, los nacionalistas han pisado el acelerador y quieren elevar a rango de ley un privilegio cantonal propio de la edad media, en la que las naciones modernas sujetas a derecho no existían, en la que los ciudadanos no tenían arte ni parte en la gobernación, y menos derechos, y los caciques locales eran los que determinaban que sucedía. El populismo catalán nunca se ha visto más fuerte, a pesar de la debilidad electoral de sus últimos resultados, y el acuerdo de ayer no es sino un intento de plasmar, de manera legal, la infame cesión a la que Cerdán llegó con el sedicioso a cambio de siete votos en la investidura. En ese acuerdo de cesión también se incluía la asquerosa ley de amnistía, que este desgobierno ha llevado a la práctica, por lo que no duden, si el ambicioso Sánchez ve que su posición depende de cometer la mayor injusticia fiscal que se haya propuesto en occidente en las últimas décadas, la ejecutará con total orgullo.
El resto de Comunidades Autónomas de régimen común, tanto las gobernadas por el PP como por el PSOE, han salido en tromba en contra de este acuerdo, por motivos fiscales y políticos. De llevarse a cabo, el nivel de inversión global del estado se reduciría muy notablemente por la evidente pérdida de ingresos que supondría. Además, obviamente, este acuerdo supone una discriminación política al resto del país, ya que se le dice que es de segundas, que es menor de edad, inferior, y que debe acatar lo que otros, los que se creen superiores a ellos, les imponen. Sí, así es el nacionalismo, en este caso el catalán, una máquina de discriminar sin freno, y con medios potentes que venden su discurso. Indigno en grado sumo, pero con este desgobierno lo pueden lograr. Ojalá no sea así.
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