Campaña desde la Moncloa

Había apuestas a lo largo del fin de semana pasado por si Sánchez adelantaría elecciones tras la caída de sus decretos de vivienda, y el runrún iba creciendo a medida que decaía el domingo. Finalmente el lunes se produjo ese adelanto, aunque no eran pocos los que creían que cada momento de reflexión de Sánchez no es sino otra de sus infinitas jugarretas para marear la perdiz y hacer pasar por tiempo de estudio lo que no es sino maquinación desbordada. Más de un café se pagaría a lo largo de esa mañana tras la convocatoria, fijada el domingo 29 de noviembre, dentro de siete semanas. Algunos lo celebrarían, otros no.

Lo más interesante del lunes no fue eso, sino la reiterada muestra de hasta qué punto Sánchez ha pervertido el sentido de lo que es una institución hasta convertirlas en mero patrimonio propio. La presidencia del gobierno le corresponde a él, pero no es de su propiedad. Ahora que está de moda el tema, tras mantenerse en el olvido del gobierno durante años, Sánchez es un alquilado del Palacio de la Moncloa, detenta el cargo pero el cargo no es suyo. Por eso lo que se hace con él y desde las atribuciones que lo enmarcan es tan importante. Y Sánchez en su comparecencia del lunes, dedicó unos segundos a hacer el anuncio oficial y varios minutos, no pocos, a lanzarse loas a sí mismo y a su gobierno hasta casi parecer paródico y, en definitiva, a proclamar el primer mitin de campaña desde un lugar en el que no se deben pronunciar. Cierto que no es Sánchez el primero que cae en este tic autoritario de hacerse con el cargo para uso partidista, es algo que es tan tentador para todos los que lo han ocupado que apenas hay excepciones, pero nunca se ha visto el descaro con el que, desde que Sánchez gobierna, se practica esta perversión. Es una extensión casi natural de esa frase inolvidable, indigna, que soltó en una entrevista al decir aquello de “¿la fiscalía de quién depende? Pues eso” apropiándose sin rubor de una institución en la que el gobierno, sí, tiene influencia y competencias en el funcionamiento, pero que no es del gobierno ni está a su servicio. Es necesario separar mucho lo que es institución, lo que es gobierno y lo que es partido, y si las fronteras de todo eso son porosas se produce una perversión del sistema que es aprovechada por unos, envidiada por otros y que, finalmente, acaba poniéndolo todo en tela de juicio para la mayoría. El ejemplo paradigmático de todo esto es lo que hace Trump en EEUU. Desde la presidencia ejerce una perversión absoluta, de tal manera que entiende que su poder es total, que él es el único capaz de dictar lo que es correcto y lo que no, y que el entramado del estado no es sino artificios que están a su servicio. Por eso la degeneración que se vive en EEUU es tan profunda, porque Trump, con su uso y abuso, ensucia instituciones que pertenecen al país, que están al servicio del país, que no son patrimonio de nadie. A escala, con formas muy distintas, pero con idéntico objetivo, Sánchez trata de extender el perímetro de su influencia personal a todo aquello que pueda ser un obstáculo a sus designios. Cuando anuncia que el parlamento no responde a la voluntad popular, y él se autoproclama como una especie de superhéroe que encarna la voluntad popular más pura, está deslegitimando a la sede de la soberanía, que está por encima de él y del resto de políticos, ocupen cargos electos o no. En cada una de sus afirmaciones Sánchez busca acaparar más poder y quitárselo a centros diseñados para equilibrar las influencias que buscan el dominio absoluto, que es uno de los grandes males en los que puede degenerar todo sistema de gobierno. Trump odia los contrapoderes y no se corta a la hora de expresarlo. Sánchez es igual, aunque su discurso sea más elegante y tamizado. Ambos buscan que nada, nadie, les haga sombra.

¿Cómo se limpian instituciones que han sido mancilladas? No es fácil, no. Y eso en el supuesto de que se quieran limpiar. Tras el paso de personajes tan extremos como Sánchez o Trump existe la perversa tentación por parte de quienes sean sus sucesores de hacer lo mismo, con el falso argumento de que “si ellos lo hicieron, por qué yo no”. Ese es uno de los caminos directos a la destrucción de los sistemas democráticas porque el argumento correcto es “ellos no debieron, tú tampoco”. ¿Cómo se evita eso? ¿Depende exclusivamente del carácter del mandatario y de su compromiso personal? ¿Hay formas de frenar el deterioro que vivimos?