Más impuestos para las pensiones

Esta semana el gobierno, con el acuerdo de los sindicatos y la oposición de la patronal, ha aprobado un aumento de las cotizaciones sociales, sobre todo las que abona la empresa, para que sirvan de ingreso suplementario al sistema de pensiones y traten de paliar su déficit, crónico y creciente. La fábrica de eufemismos de Moncloa, que no cesa, ha denominado a esta alza de impuestos “factor de equidad intergeneracional”. Hubiera sido curioso contemplar las horas y esfuerzos destinados a crear semejante expresión, y conocer las alternativas que fueron descartadas. Sólo con unos minutos de ese cónclave Les Luthiers tendrían para un par de discos llenos de jocosas canciones y juegos de palabras sin fin. Al menos nos reiríamos un rato.

Subir impuestos es lo único que se le ha ocurrido al gobierno para hacer frente a un problema muy complicado, que excede a este ejecutivo, y que va a prolongarse durante varias décadas. La demografía y el mercado laboral juegan en contra de un sistema de reparto que se basa en que las pensiones presentes se pagan con los impuestos (cotizaciones sociales sobre todo) de los que ahora nos encontramos en activo, y el que los activos estemos pagando nos da derecho a percibir en el futuro una prestación, que será pagada por los que entonces trabajen. Es un complicado acuerdo intergeneracional de muy largo plazo, que es rentable para todos cuando los que pagan, activos, son muchos más que los que cobran, jubilados, y el tiempo de cobro de estos últimos no empieza a exceder la duración de las carreras laborales medias. ¿Qué ocurre hoy en día? Casi todo lo contrario. La demografía es como es, con unas tasas de natalidad que generan crecimiento vegetativo negativo (menos nacimientos que fallecimientos) y sólo la inmigración es capaz de hacer que la población crezca. La esperanza de vida, covid aparte, sigue creciendo y cada vez son más los años que pasan desde que uno se jubila a, pongamos, edad legal, en el entorno de los 65 y fallece, por lo que el tiempo de cobro se expande. La incorporación de los jóvenes al mercado laboral se retrasa y lo hace cada vez en peores condiciones, lo que implica inestabilidad y menor salario, y eso hace que la bolsa de ingresos por cotizaciones por ese lado no crezca con la fuerza con que lo hace el pago de las pensiones, etc etc. Son muchos los factores que se juntan para que el déficit del sistema no deje de crecer, y ante eso los gobiernos tienen varias opciones posibles, todas ellas desagradables. Las más sencillas pasan por hacer lo que ha hecho el actual, tratando de no tocar las rentas de los jubilados, proporción cada vez mayor no sólo entre la población general sino, sobre todo, entre los votantes. Para ello se trata de subir todo lo posible la carga de los actualmente cotizantes, cuyo peso demográfico es decreciente y, sobre todo, son más reticentes a la hora de votar. Políticamente es la solución más sencilla, pero económicamente no es la más viable. Eso, no lo duden, también lo saben los actuales políticos, y los pasados y futuros. Realmente lo sabemos casi todos, pero una cosa son los números y otra la reelección de los candidatos. Un político que presente cifras y diga que va a ser necesario moderar el gasto en pensiones mediante su congelación tiene casi seguro el fin de su carrera en la mano, y no va a llegar a ninguna parte. Los actuales jubilados, y los que están a punto de serlo, creen, con derecho, que llevan pagando cotizaciones, que son impuestos, toda su vida, y que ahora no se les pueden cambiar las reglas que se les prometieron en su momento. Los que entran en el mercado laboral ven como el coste de contratarles, que es mucho mayor que el sueldo que reciben, no deja de crecer, y eso encarece el factor trabajo, haciéndolo menos competitivo. Si usted tiene un negocio contratar a alguien le sale más caro, y eso puede disuadirle a aumentar plantilla. Como verá, las derivadas son muchas y complejas.

De fondo, hay una disputa entre generaciones, las que ya están retiradas y las que a ello se encaminan, con el enorme número de babyboomers en espera, y las generaciones jóvenes, que ven como sus carreras laborales no disputan en medio de una sucesión de grandes crisis que les tienen postrados. Las pensiones son un asunto serio, peliagudo, de enorme inercia, tanto económica como demográfica, que requiere acuerdos de país, y capacidad de sacrificio colectiva. Cargar todo el pago a una de las partes puede acabar por introducir una brecha de deslegitimación en un sistema necesario. Debemos ser muy serios en este asunto y no engañarnos a nosotros mismos. ¿Lo conseguiremos?

Protestas de jubilados, dudas de las pensiones

La subida del 0,25% de la pensión de este año, idéntica a la del pasado y, creo recordar, el anterior, ha soliviantado a miles de jubilados en toda España, que han salido a manifestarse para mostrar su enfado ante lo que consideran un aumento indigno, que no va a servir de nada ante la inflación, que amenaza con ser este ejercicio más elevada que en los pasados. Resulta curioso ver movilizaciones en este sector de la población, no muy dado a ellas, y que supone uno de los caladeros de voto más importantes para toda formación política. Tradicionalmente conservadores, amantes del bipartidismo, son PP y PSOE, por este orden, los más preocupados por estas manifestaciones.

Ahora que no me oye ni lee ningún jubilado, les recomiendo que no se quejen mucho, porque probablemente estos son y hayan sido los años en los que mayores han sido sus pensiones, y los próximos supondrán un declive claro de las mismas, y se lo digo desde la pena que me produce, y con la sensación de enojo de saber que, cuando me jubile, a saber en qué año y con qué edad, es probable que, si no cambia mucho el mundo, la pensión que pueda cobrar sea una de auténtica subsistencia. Creo que los jubilados yerran en el destinatario de su protesta, que no es exactamente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el que les ha mandado esa carta, cuyo coste podía ahorrarse y convertir en una centésima de aumento de pensión. No, los jubilados y los activos debiéramos empezar a protestar contra este gobierno y los anteriores, por tratarnos como a críos. Si todos los activos que conozco, sin duda alguna, pensamos que vamos a acabar cobrando cuatro duros de pensión porque el sistema no dará para más, ¿por qué seguimos aguantando la cantinela gubernamental de que las pensiones están aseguradas y no hay que temer miedo a un futuro sin ellas? En España, como en otros países europeos, el sistema se basa en el concepto de reparto, mediante el cual los activos en este momento y nuestros empleadores pagamos un impuesto llamado cotizaciones sociales, que se destina al abono de las pensiones de los jubilados. Muchas variables influyen sobre los flujos financieros que rigen este sistema, pero las más obvias son que las cosas irán bien si somos muchos los que trabajamos en relación a los que cobran la pensión, si el tiempo de trabajo es mucho mayor que el tiempo de cobro de la pensión y si los sueldos de los que trabajan son bastante más altos de los ingresos que reciben los pensionistas. Estas tres variables, en ese sentido, garantizan un sistema de reparto sólido, excedentario y sostenible, y si alguna se empieza a torcer la cosa se pone fea. En este momento las tres variables juegan a la contra. El mercado de trabajo se recupera de su pozo negro de la crisis, sí, pero la tasa de paro sigue siendo muy alta y el ratio cotizante / pensionista es muy pequeño. La longevidad, bendita, provoca que aunque se esté alargando livianamente la vida laboral este efecto sea mucho menor respecto a los años totales de vida, creciendo a pasos agigantados el tiempo en el que se cobra una pensión. Otro factor demográfico perverso en este sentido es que, con una natalidad casi extinguida en nuestro país, el envejecimiento de la población es muy acelerado, lo que aumenta el número absoluto de pensionistas y disminuye el de cotizantes. Y el tema salarial también va a la contra, con contratos nuevos de salarios cada vez más bajos, y con ellos cotizaciones muy reducidas, frente a pensiones altas generadas en las décadas de alta cotización. Es un cóctel explosivo, manida expresión que en este caso se ajusta bastante bien a lo que estamos viviendo. Además, problema añadido, todas estas variables tienen mucha inercia, es decir, son difíciles de cambiar y sus efectos se notan en el largo plazo. Por ejemplo, no se cómo podríamos aumentar la natalidad pero, de hacerlo hoy mismo, pasarían décadas antes de que los niños trabajasen y cotizaran.

Cierto es que esta visión del problema la tenemos hoy en día, con los datos que conocemos y el mundo que nos es familiar. No está nada claro cómo será el mercado de trabajo en unos años ni el impacto que ciertas tecnologías (robótica, IA, etc) puedan tener, pero eso lo iremos descubriendo con el tiempo. Lo único seguro es que, a día de hoy, la Seguridad Social es deficitaria y sus pérdidas no parecen ir a menos, sino todo lo contrario. Urge pensar en serio como atajar este problema y, sobre todo, tratar a la población como adultos. En España hemos logrado que las pensiones sean un salvavidas para muchos en tiempos de crisis, mientras que millones de empleados han perdido su trabajo y, con él, todos sus ingresos. Toca sentarse entre todos, hacer un acuerdo intergeneracional y lograr, juntos, salvar en lo posible las cuentas de jubilados y empleados.

Pensionistas, copago y rentas

La ministra de Sanidad, Dolores Monserrat, ya se ha metido en el primer gran lío político de su vida, y de paso con ella a todo el gobierno, en la primera polémica con fuste de la legislatura, probando en sus carnes el dolor que produce la interpretación de una entrevista. Fue ayer en Radio cuatro, RNE en catalán, cuando afirmó que era injusto que el copago farmacéutico no discriminase en renta y tuviera iguales cuantías para aquellos pensionistas que ingresan entre 18.000 y 100.00 euros, y que eso era algo que había que revisar. No tardó mucho en levantarse la polémica y, por la noche, en un tuit, la ministra rectificó y dijo que el gobierno no tenía previsto aumentar el copago para los pensionistas de altos ingresos. Donde dije digo…

 

Bueno, me voy a meter en la polémica y, aunque no sea muy habitual, voy a defender con ganas a la ministra, porque su idea es totalmente lógica. La discriminación por renta tiene sentido pero sólo si se establecen tramos que permitan acotarla de una manera que esa estructura troceada tenga un sentido real. Pensemos por el lado de los ingresos. El IRPF es progresivo en el sentido de que paga más el que más tiene, expresión que como principio es indiscutible, pero que en la práctica admite muchas soluciones. La más empleada es la de trocear las rentas por tramos y aplicarles impuestos crecientes a cada uno de ellos, de tal manera que aquellos situados en los tramos altos paguen más que en los bajos. Y este sistema adquiere sentido si el tamaño de los tramos no es absurdo. Pongamos el intervalo al que ante me refería. ¿Consideran ustedes que un asalariado que gane 18.000 euros debe pagar el mismo IRPF que uno que gane 100.000? ¿Verdad que no? De hecho no lo hace, los tramos del IRPF son más cortos, mucho más cortos, porque hay un mundo entre esas dos cifras. Por ello, que el copago establezca escalones tan anchos es absurdo. Y a efectos de pago me da un poco igual que si quien lo hace es pensionista o no. Podrá aducirse que los pensionistas tienen una renta limitada (que nunca alcanza los 100.000 euros anuales por vía pública) pero más escuálida es la renta del desempleado, o de aquel que enlaza contratos parciales de jornada reducida. El pensionista tiene garantizada, el actual, no el futuro, sus ingresos, y es cierto que su consumo de medicamentos es más elevado que el del ciudadano común, pero nuevamente puede haber diferencias de rentas y de situaciones de salud personales que hagan absurdo el que unos tengan accesos ilimitado a los medicamentos y otros no. Penemos en personas de edad media en su época laboral, que sufren de afecciones crónicas, y jubilados que disfrutan de una muy buena salud. Los segundos, que apenas consumen medicamentos, los tendrían casi gratis, mientras que los primeros, que los necesitan, pagarían bastante dinero por ellos, sea cual sea su situación laboral en el momento, buena, mala o inexistente. La idea del acceso universal y sin restricciones de los jubilados a los medicamentos tuvo su sentido en una época en la que, seamos sinceros, el porcentaje de población jubilada sobre la total era escasa y su esperanza de vida también resultaba ser corta, por lo que el coste global de esa medida era escaso o, al menos, contenible. Esos dos factores, junto con el coste propio de los tratamientos médicos, no dejan de crecer y hacen que la factura para el estado sea cada vez más gravosa. Lo que Dolores Monserrat no dijo, pero se le entendía, es que los números no dan.

 

¿Hay soluciones para esto? Sí, y en estos tiempos tecnológicos más. Pensionistas y desempleados, por poner dos colectivos en necesidad, cobran puntualmente del estado, que conoce perfectamente sus ingresos, y puede hacer que cada una de sus facturas de compra de medicamentos sea distinta en función de los ingresos que posean en cada momento. La tecnología actual y el uso del Big Data permite hacer maravillas en estos aspectos, y se puede lograr que aquellos que poseen bajos ingresos, sea cual sea su situación personal laboral (trabajen, estén parados o sean pensionistas) no paguen por los medicamentos y los que posean rentas altas paguen más. Es cuestión de ganas, algo de sentido común y ponerse a ello.