Hace no mucho se publicó en España la versión traducida del libro que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha escrito tras su breve paso por la cárcel. Fueron apenas dos meses de encierro, si no recuerdo mal, y le salen algo más de dos páginas por día entre rejas, lo que es una buena muestra de cómo el personaje se quiere a sí mismo. Sarkozy fue condenado en una de las causas que tiene abiertas por financiación ilegal de sus campañas electorales, con el dinero libio del dictador Gadaffi de por medio. En Francia un presidente es como un rey absoluto con carácter temporal, tiempo tasado, pero poder y boato hasta aburrir. Comparados con ellos, nuestros presidentes son unos vulgares primeros ministros, casi como los suyos.
Por eso la imputación de ZP nos hace un poco franceses, así que los que siempre tienen el complejo de que somos menos que el resto de los europeos ya pueden sentirse satisfechos, nos hemos igualado en otra categoría más, aunque esta sea de las indignas. ZP es el primer presidente del gobierno de la democracia que se ve imputado y con el serio riesgo de acabar enjuiciado en un asunto que suena muy mal desde el primer día en el que se supo algo de él. Todo lo relacionado con el rescate de Plus Ultra lleva años sometido a un escándalo constante, y desde el mismo momento en el que se conoció la millonada que se llevaba esa línea aérea casi inexistente y sus vinculaciones con el régimen de Maduro las especulaciones sobre negocios turbios no cesaron. La constante presencia de ZP en lo que se llamaban labores de mediación ante el régimen chavista, que no eran otra cosa que respaldo político desde su posición de prestigio institucional a la dictadura venezolana, alimentaba las especulaciones sobre si algo de la millonada del rescate no habría acabado en sus bolsillos, o en el de allegados muy cercanos, fueran familia o amigos. ZP ha negado una y otra vez el cobro de comisiones por los trabajos que se han ido conociendo a lo largo de estos años, labores de consultoría y de informes que siempre han aparentado ser cortinas de humo para encubrir una acción de lobbysmo profesional, de intermediación al más alto nivel para lograr que el gobierno de España aprobase el rescate a la compañía, por una cifra de entorno a 53 millones de euros, importe más que suficiente para que las comisiones asociadas fueran sustanciosas. La presencia de Julio Martínez, conocida a lo largo de las investigaciones periodísticas que han ido indagando sobre ese rescate, su amistad con ZP, su colaboración profesional en la consultora Análisis Relevante y otros cabos sueltos han ido creando un relato en el que la sospecha sobre el expresidente era creciente, pero la negación constante de los hechos por parte de ZP y la defensa cerrada que los medios afines han hecho de su figura, uno de los mayores baluartes que le queda al socialismo patrio. Por eso, la conmoción general que se produjo ayer al conocerse la imputación de ZP por parte de la Audiencia Nacional fue absoluta, especialmente en las filas propias, que empezaron a lanzar la típica campaña de desinformación para ver si podían minimizar lo que era un hecho gravísimo, pero la realidad puede aplastarlo todo. El auto del juez Calama responde a una investigación internacional en la que están implicadas las fiscalías francesa y suiza, y para sorpresa de todos, va mucho más allá de Plus Ultra, hasta configurar toda una trama de corrupción asociada a la figura de ZP como el conseguidor máximo en la que el caso de la aerolínea sería uno de los posibles, pero ni mucho menos el único. La asociación de ZP con los gerifaltes chavistas lo llevaría a negocios turbios en los que el petróleo, oro y ayuda internacional al desarrollo podrían verse envueltos, y con la clásica creación de sociedades pantalla en el extranjero para canalizar y blanquear ingresos ilícitos.
Lo que se fue conociendo ayer es un escrito de acusación gravísimo que, de ser cierto, pondría al expresidente Zapatero a las puertas de un proceso judicial con implicaciones penales rigurosas. Por de pronto está citado a declarar ante la Audiencia Nacional el 2 de junio, creo, y el juez pudiera dictar medidas cautelares tras ese momento si considera que hay riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Como hicieron Koldo y Ábalos, ZP puede tener que ir a declarar con un petate preparado en el caso de que se le mande a Soto del Real tras su comparecencia, cosa que veo poco probable, pero, tras lo de ayer, posible. Su horizonte se ha oscurecido de una forma siniestra, y con él el de sus allegados y partidarios.