Llevamos años discutiendo sobre el problema de la vivienda sin que se haya hecho mucha cosa, más bien nada, para tratar de paliarlo. Los precios han subido con fuerza año tras año en las principales ciudades españolas, y este proceso se ha ido trasladando a capitales de provincia medianas y otras localidades, de tal manera que, ahora mismo, es en la llamada España vacía, donde no quiere vivir nadie, donde no hay problemas de acceso. La situación se ha vuelto muy tensa y ha sido el desahucio de MariCarmen, señora de 87 años residente en el acomodado barrio madrileño de Retiro, lo que ha encendido los ánimos de muchos.
Para ser original, me reiteraré respecto a lo que he dicho en otras ocasiones. El de MariCarmen es uno de los miles de desahucios que se ejecutan al año en España, transcurridos ocho años desde la llegada del gobierno que juró que, bajo su mandato, no se ejecutaría ninguno más. Es cruel ver a una señora de esa edad siendo expulsada de la casa en la que vive, pero no es menos cierto que esto se ha producido bajo la ley que lo ampara, no ha habido extorsión ni cosas raras, como sí se ha dado en otras situaciones de desalojo. Lo que ejemplifica el caso de MariCarmen, además de la profunda hipocresía política de los que ahora están en el gobierno, y la muy elevada de los que pueden llegar a estar en el futuro, es que el desajuste entre oferta y demanda de vivienda sigue creciendo y que eso sólo se casa con un disparo de precios, tanto de compra como de alquiles. Son más de medio millón de personas al año las que se suman a los que residimos en España desde hace ya algunos ejercicios, la población está cerca de los 50 millones de habitantes, cifra jamás alcanzada en nuestro país. El número de familias crece y la demanda residencial sube sin parar. En este contexto la oferta de vivienda se ha cercenado. La obra nueva sigue siendo ridícula respecto a las necesidades, porque los ayuntamientos y CCAA son muy reticentes a la hora de conceder permisos de construcción. Tras el disparo de pisos construidos que se produjo antes de la burbuja, el sector se derrumbó y no ha sido capaz de volver a unos ritmos normales. Los costes de construcción han subido, como casi todos los demás, y la mano de obra en el sector escasea, en medio de un envejecimiento generalizado. Para más inti, tenemos problemas de infraestructuras básicas, como las redes eléctricas, abandonadas por el gobierno, que no son capaces de atender a la demanda de las nuevas viviendas que hacen falta. No hay potencia ni red ni enganches en el caso de que se hicieran las viviendas necesarias. En el caso del alquiler las cosas están aún peor. Inseguridad jurídica, miedo a los okupas, ideas peregrinas sobre expropiación, limitaciones de precio y otros factores han hecho que la mayor parte de los dueños de los pisos que están en ese mercado, en su mayoría pequeños propietarios, se lo piensen dos veces antes de sacarlos al mercado, y de hacerlo, exijan condiciones inasumibles por muchos de los demandantes, de tal manera que la oferta es cada vez menor y de peor calidad, con cuchitriles infectos que salen a unos precios de drama y situaciones en las que los pisos vuelan ante las llamadas compulsivas de los que los necesitan. Ahora mismo el mercado de alquiler está roto, y en este contexto algunas empresas y grandes tenedores pueden hacer aún más su agosto, lo que lleva a situaciones claramente injustas. En definitiva, tanto la compra como el alquiler están desatados y no son capaces de funcionar ante una demanda muy tensionada. La desesperación de muchos es lógica.
Si el gobierno acaba sacando un decreto con nombre propio que solucione la situación de la señora desahuciada acabará aumentando la inseguridad jurídica, y si establece normas coercitivas sobre la propiedad o los derechos de los arrendatarios, extinguirá aún más la oferta. Seguridad jurídica, juicios expres para que los okupas se marchen, garantías de cobro para los que colocan sus pisos en el mercado serían medidas que harían aumentar la oferta, pero no serán capaces de cubrir la actual demanda, y menos si se sigue edificando a cuentagotas. Si la demanda no se frena, y sólo un cambio en el ciclo económico sería capaz de hacerlo, la situación de angustia seguirá.