El serial de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ha sido uno de los más largos de los últimos tiempos y perfecto exponente de la profunda división entre los dos grandes partidos nacionales, que se observan con un recelo absoluto. La imposibilidad de la actual ley de proceder a renovarlo sin acuerdo de ambos, dadas las exiguas mayorías de cada uno de los bloques en estos tiempos, y la supervisión de Bruselas para no caer en una reforma que diluyera esos controles requeridos para convertir al CGPJ en una mera marioneta de partido han sido las bases que han condicionado todas las discusiones, y las excusas para la falta de acuerdo.
Tanto PP como PSOE han entendido acuerdo en este caso como la colocación de afines en los puestos de control del órgano judicial, en la esperanza de que, llegado el caso, las normas que sus gobiernos aprueben sean validadas por la justicia y, sobre todo, que los delitos corruptos que sus ejecutivos y afines cometan sean tratadas con la máxima indulgencia posible. La idea de que el CGPJ fuera elegido de manera principal de forma interna por los propios jueces nunca ha estado presente en el ánimo de los partidos, porque esto les restaría capacidad para sesgarlo. No se la quitaría del todo, pero sí la limitaría. Es de ingenuos pensar en que no va a haber contaminación política de ningún tipo en cualquier órgano de poder, ni aquí ni en ninguna otra nación, pero para que eso no degenere se establecen sistemas que tratan de acotar las influencias. Sabemos que habrá mierda, pero no nos ahoguemos en ella, por decirlo de manera cruda. Durante cinco años el CGPJ ha estado en funciones, con el mandato caducado, su prestigio dilapidándose y la estructura de nombramientos para salas y demás administraciones de justicia en el limbo. Se han dado momentos en los que el acuerdo parecía posible, pero se han frustrado en el último momento, y la sensación de vergüenza ha ido creciendo en la carrera judicial, poniendo en el disparadero a ambos partidos que, envueltos en excusas de todo tipo, algunas con fundamento, otras no, se han negado a hacer lo que era su obligación. La aprobación de la infame amnistía fue el último de los grandes obstáculos que impidió verse a ambos partidos, y el PP, aprovechando las cesiones infinitas firmadas por lo que un día fue el PSOE al sedicioso Puigdemont en territorio suizo, se sacó de la manga la absurdez de que, si había reuniones, serían en Bruselas y con la supervisión de la Comisión Europea en el papel de verificador, figura que ya impuso el traidor puigdemoníaco al antaño partido socialista. La escena en la que Bolaños y González Pons se reunían en un despacho de la capital comunitaria con la presencia del comisario Reynders era kafkiana y, sobre todo, patética. Mostraba el absoluto fracaso de la política nacional y la incapacidad manifiesta de nuestros representantes de hacer su trabajo. Como niños malcriados, eran obligados a sentarse juntos por los maestros para hacer pucheros uno frente a otro, constatando una falta de madurez y sentido de estado que es bastante generalizada en nuestro país. Esta última ronda de negociaciones ha estado surcada por las infinitas elecciones de todo tipo, incluidas las europeas, que han hecho que Reynders dejara su puesto, seguramente aliviado por no tener que soportar semejante vodevil, pero no ha cambiado la imposición de Bruselas de que no consentiría una reforma en los procedimientos sin que hubiera un pacto conjunto. Sospecho que esta ha sido la causa final que ha llevado al acuerdo, la presión de la Comisión y, no descartable, como ya pasó con Polonia o Hungría, el posible bloqueo de fondos en el caso de que una de las partes, la que puede, el gobierno, tomara como opción una reforma para rebajar las mayorías requeridas para aprobar la lista de pertenecientes al CGPJ. Al final no ha sucedido nada de eso y el reparto es a medias, diez nombres propuestos por cada partido, más algunas cláusulas de interés para limitar la intromisión de la política en el acceso a cargos judiciales.
El acuerdo fue presentado ayer por la tarde en Bruselas por los negociadores de ambos partidos, junto con representantes de la Comisión, en una de las salas en las que la Comisión acostumbra a hacer ruedas de prensa de manera diaria. El acuerdo es una buena noticia, necesaria, corrige una anomalía, introduce un factor de serenidad, quita el tema judicial de la mesa de la política y las tertulias. Bien. La presentación de ayer, reitero, en fondo y forma, es la asunción de un fracaso de país, que no sabe autogobernarse. Sinceramente, cuanta más soberanía cedamos a Bruselas y menso quede en manos de los irresponsables que pretenden ejercerla aquí mucho mejor nos irá. La necedad de quienes nos rigen no deja de crecer.
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