Los sumarios judiciales pueden ser inabordables, por su tamaño y complejidad. Afortunadamente los hay que se los leen, desmenuzan y extractan lo más relevante para que el conjunto de los mortales podamos entender algo. El que ha salido a la luz a cuenta de la imputación del ex ministro Cristóbal Montoro y gran parte de su organigrama ejecutivo durante el gobierno de Rajoy es de los grandes, en tamaño y contenido, y deja a las claras que la corrupción en España puede albergar todo tipo de estilos, desde el zafio de Ábalos y cía al reservado para aquellos que quieren guardar las formas, pero todas las vías acaban llevando al mangoneo más evidente y al fraude al ciudadano, da igual quién y cómo lo haga.
Por lo que parece, Montoro no accedía a presiones directas por parte de algunas empresas interesadas en que su fiscalidad se viera reducida, deseo que compartimos todos los seres vivos del planeta. Esas empresas fallaban en su objetivo, y tras un primer intento legal, convencional, iban por la puerta de atrás. Montoro fundó una consultora, Equipo Económico, EE, a la que no le fue mal antes de que el PP llegase al gobierno, y de la que formalmente se desvinculó al acceder al cargo de ministro. Al frente de la empresa se quedaron personas de plena confianza de Cristóbal, algunas de las cuales acabaron siendo nombradas altos cargos del ministerio de Hacienda. Las empresas que lo habían intentado por lo legal descubrieron que había una vía encubierta para lograr sus objetivos, que era a través de EE. Se reunían con ellos, les contaban sus deseos y pagaban favores, y el equipo de EE accedía a la sala de mandos del ministerio y acababa convirtiendo los deseos de esas empresas en realidades, normalmente mediante decretos o normas presupuestarias que aliviaban su carga fiscal. Así, mientras Montoro subía a la tribuna del Congreso y se ciscaba en media nación a cuenta de sus incumplimientos fiscales, algunas empresas apalabraban con su mano derecha e izquierda cómo pagar menos de lo debido. Todo un ejercicio de corrupción organizada, en el que no consta que el propio Montoro recibiera ingresos ilegales, pero hay sospechas que muchos de los de su equipo sí lo hacían. Esto no es sino un entramado corrupto adosado a la administración, algo muy similar en el fondo a lo que hemos visto en el caso Cerdán, que ahora nos tiene bastante ocupados. Sí, hay diferencias, porque no está claro aún el papel del partido, en este caso el PP, en esta trama, y si existía una connivencia entre las estructuras de Génova y los altos cargos de Hacienda que se llevaban tajada, pero lo que es seguro es que la trama era real, que había personas que, haciéndose valor de su cargo, alto en denominación y poder, influían para beneficio injusto de terceros y se llevaban mordidas a cambio. Todo un entramado de corrupción del que aún queda bastante por saber, tanto en dimensión económica (cuánto se han llevado) como en protagonistas (corruptos y corruptores) como en las ramificaciones que pueden existir, pero una vez destapado el caso en su superficie, es de esperar que el procedimiento judicial vaya contestando a varias de estas preguntas, y que los presuntos acusados, al verse acorralados por la justicia y el oprobio social, comiencen a cantar para que se sepa todo. Es probable que muchos de ellos tiren por elevación y le echen el muerto a Montoro, que es un personaje que se ganó el odio de gran parte de la sociedad por esa actitud que poseía a la hora de denunciar el fraude, con tics inquisitoriales y formas propias de un Scrugge recién salido de un cuento de Dickens. Pero eso, si es así, no va a librar ni a unos ni a otro de la responsabilidad sobre lo que han cometido, ni de la pena en el caso de que se demuestre la veracidad de todo lo que se señala en el sumario, que pinta verosímil. El caso es muy feo, es corrupción de primer grado, aborrecible, injustificable, odiosa, cometida en este caso por altos cargos de un gobierno del PP.
Hay un matiz especialmente odioso en este caso, y es la implicación de Hacienda en él. Ese ministerio, con el de Economía, es la base de cualquier gobierno, y se encarga de recaudar los ingresos que permiten a todo el gobierno y la administración pública llevar a cabo su labor. Hacienda impone tributos, por eso se llaman impuestos, los exige y cobra a todo el mundo, y que sea precisamente Hacienda el lugar en el que anide una trama corrupta supone un golpe muy duro en la credibilidad del estado en su conjunto, en la creencia del ciudadano contribuyente en la necesidad de pagar esos impuestos que se le requieren. En definitiva, es una traición profunda al contrato social que vertebra nuestra sociedad y al régimen político que, así misma, se ha dado.
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