Miles de manifestantes, con pancartas de todo tipo, abarrotan el centro de la ciudad y protestan ante las instituciones donde reside el poder parlamentario y ejecutivo del país por una decisión de su gobierno que coarta a la magistratura que persigue la corrupción, mal endémico del país. El parlamento ha aprobado una ley por la que esa institución que lucha contra los corruptos pasa a ser controlada completamente por el ejecutivo, de tal manera que puede someterla y evitar que, si el propio ejecutivo o algunos de sus miembros cometen actos delictivos de ese tipo, sean perseguidos. Es un golpe durísimo a la legitimidad del gobierno y un acto indigno.
¿Es este el sueño húmedo de Pedro Sánchez? A buen seguro que sí, pero la escena no se produce en Madrid, por ahora, sino en Kiev. Sí, en medio de la guerra de Ucrania miles de habitantes de la castigada capital han salido a protestar contra una medida de su gobierno que consideran lesiva para los intereses de la nación. Es algo digno de ser destacado, y merece la pena verlo con la importancia que tiene, tanto por lo que se discute como por la libertad que existe en la nación asediada a la que apoyamos, donde la sociedad civil puede protestar contra su gobierno, aún en medio de los combates, cosa que es imposible en la Rusia agresora, donde la dictadura de Putin prohíbe cualquier tipo de manifestación civil que no sea para alabar a su líder. El problema de la corrupción en Ucrania es, para que se hagan una idea de su dimensión, aún más grave que en España. Allí, durante muchos años, los oligarcas han sido los auténticos dueños y señores de la nación y sus recursos, ocuparan cargos en el ejecutivo o no. Más de uno, por ejemplo Petro Poroshenko, han llegado hasta la presidencia del país, después de haber amasado amplias fortunas en las que la captura de las instituciones, la información privilegiada y, en algunos casos, el simple reparto del botín de lo que el estado les podía proporcionar, han sido el modus operandi de todos ellos. Un régimen en el que la cleptocracia ha estado a la orden del día. En esto Ucrania era muy similar a Rusia. Sin embargo, ha habido movimientos sociales en el país que han tratado de frenar esa deriva, que en Moscú se pervirtió hasta el extremo de que la mafia putinesca se hiciera con las riendas de todo, estado, economía, poder. Zelensky mismo representó, en su candidatura a las presidenciales de 2021, una alternativa a los oligarcas. Su discurso tenía como bandera principal no la relación con Rusia, con la que se mantenía una guerra de baja intensidad en el Dombas, sino la lucha contra la corrupción. Proveniente de fuera de cualquier entorno de poder económico establecido, famoso por su participación como actor en series de televisión de corte satírico, Zelensky representaba la nueva política, para que nos entendamos, frente a las castas establecidas que deseaban seguir repartiéndose el botín. Su victoria electoral fue sonada y le otorgó una amplia mayoría parlamentaria, con la que podía reformar las instituciones del estado, pero el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 alteró todos los planes y convirtió al gobierno y al propio Zelensky en un símbolo de resistencia patrio. Desde entonces se ha hecho muy poco en Ucrania respecto a asuntos no relacionados con el frente militar, por motivos obvios, y la integridad del país, el reclutamiento y la disponibilidad de munición han sido las obsesiones de Kiev, dejando atrás las promesas de política interna que dominaron la ya muy olvidada campaña electoral. Es comprensible que así haya sido, porque lo urgente prevalece ante todo, pero tarde o temprano algunos de los problemas de fondo que siguen existiendo en el país afloran, y no son pocos los casos de corrupción destapados con relación a suministros militares y, en definitiva, todo lo relacionado con la guerra. Su persecución exige ser drásticos y ejemplarizantes si se quiere mantener la moral del país en una lucha desesperada y eterna frente al invasor.
Pues bien, la votación en la Rada, parlamento ucraniano, y la posterior firma de Zelensky del decreto antes mencionado es una nefasta decisión, un grave error, que va en contra de no pocas de las ideas con las que Ucrania lucha su guerra frente a Rusia. La opinión unánime de analistas e instituciones que apoyan sin fisuras a Kiev en su lucha frente a Moscú es que lo de ayer es uno de los mayores errores estratégicos que ha podido cometer Zelensky, un auténtico baldón a su figura y gestión, y un golpe bajo a la sociedad ucraniana, que ve como la guerra no acaba y su gobierno dicta una norma en contra de sus más íntimas aspiraciones de transparencia. Ayer Ucrania perdió una batalla importante, pero no en el frente del este, ni a manos del enemigo ruso.
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