Yo pensaba, ingenuo de mi, que este puente podía estar marcado por noticias sorpresa de carácter económico, decisiones de última hora para estabilizar la bolsa y los mercados de deuda, pero ni en sueños, pesadillas, hubiera pensado que sucedería lo que pasó con los controladores, el cierre del espacio aéreo y el estado de alarma y la militarización del servicio de control. Como mero espectador, y no sufridor del mismo (voy en autobús) el viernes a altas horas de la mañana, viendo la tele, no sabía si estaba más cabreado o entristecido, más indignado o asombrado.
Lo de este puente ha sido el resultado del fracaso de la negociación entre gobierno y controladores, tras lo cual estos señores han decidido dar algo parecido a un golpe de estado. Lo que han hecho los controladores no tiene disculpa, excusa ni argumento que lo soporte. Ha sido un atentado contra el estado anémico de la población, la economía nacional, la imagen del país, la industria turística y los nervios de muchas personas. Quizás los únicos beneficiados de todo esto sean las empresas farmacéuticas, que habrán vendido tranquilizantes y opiáceos varios, única manera para muchos de aguantar semejante calvario. Los controladores, erigidos en su torre de marfil, han echado un pulso al país que han perdido, indudable, pero desengáñense todos aquellos que esperen que sean sancionados, despedidos o encarcelados, como debiera ser. La crisis que hemos vivido demuestra hasta que punto ese colectivo de poco más de dos mil profesionales en toda España es necesario. No se les puede echar porque no hay con quién reemplazarlos, y ya han visto lo que pasa si no están trabajando. Tras años de ejercer un comportamiento mafioso y de doblegar al anterior gobierno del PP y a este del PSOE, los controladores han conseguido hacerse con la profesión, imposibilitando el acceso a la misma de personas que no tengan relación con su mafia, controlando las convocatorias de oposiciones, haciéndose necesario sen el proceso de formación de nuevos controladores y, en definitiva, gestionando la oferta para asegurarse el máximo ingreso posible y el carácter de imprescindible. Todo este incidente, de momento, sólo pse saldará para ellos con una bronca muy gorda y reducción de salarios, pero lo que corresponde, el despido y la incapacitación de por vida para trabajar en el sector, no puede hacerse. ¿Qué alternativas quedan? A medio plazo el gobierno debe convocar, ya, plazas de controlador, y eliminar la necesidad de que pasen por cursos impartidos por los controladores ya existentes, o por lo menos por aquellos que estén encausados en este sedicioso acto. También se puede acelerar lo más posible el proceso para que los controladores militares que hay en España se formen y puedan acceder a torres civiles. Actualmente su capacitación les permite gestionar aeropuertos pequeños y de poco tráfico, pero nada pueden hacer con Barajas, El Prat o los de las islas Baleares o Canarias. Todo esto no produciría nuevos profesionales en un plazo inferior al año en el caso de los militares y los dos en el de los civiles. Soluciones, sí, pero a medio plazo.
Una idea a corto, se me ocurre, puede ser la de convocar un concurso de plazas a las que se puedan presentar controladores del resto de Europa. Como todos ellos ganan menos que los españoles es muy probable que les interese, incluso con una sustancial rebaja de sueldo respeto a los salarios patrios. Todos los controladores europeos poseen la licencia acreditativa de la UE para ejercer, por lo que en meses podría engordarse la plantilla y sería posible empezar a echar a los culpables de lo sucedido este puente. Pero el daño que se ha producido estos días ya no es reparable. Y el gobierno, por lo que le toca, deberá dar muchas explicaciones sobre cómo se ha llegado a esto.
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