Si ayer les hablaba de la deriva política y administrativa
de las CCAA hoy quiero incidir un poco más en el problema de sostenibilidad financiera.
Ahora que se ha puesto una carrera en marcha entre todas ellas al grito de
“tonto el último” para solicitar los (exiguos) fondos del FLA, creo que
conviene echar un vistazo a ver cómo funciona el sistema de financiación, si es
que lo hace, y dónde está la que creo que es la base del problema. Para
empezar, el País Vasco y Navarra disfrutan de cupo y sistema fiscal propio, por
lo que van de libres en este juego.
El resto de CCAA se enmarcan en lo que se denomina sistema
“común” que posee particularidades para los casos de Canarias, Ceuta y Melilla
que no vienen al caso. Todas las CCAA tienen dos vías principales de
financiación, a través de recursos propios y de transferencias. Los recursos
propios vienen derivados de ingresos por gestión de su patrimonio, tasas y
precios públicos que cobran por servicios que ofrecen e impuestos propios,
entre los que destaca el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados que, para entendernos, es el confuso nombre que se le da al IVA en
las ventas inmobiliarias de segunda mano. Esta fue la principal fuente de
ingresos durante la burbuja, que ahora languidece. La otra vía de financiación
son las transferencias, que pueden venir de fuera de España, fondos
estructurales de la UE principalmente, y de la recaudación que realiza la
Administración General del Estado (AGE) y que luego reparte entre los
territorios. La vía transferencias es la principal fuente de financiación de
las CCAA, y desde el pinchazo de la burbuja su importancia porcentual no deja de
crecer. Los fondos estructurales de la UE han sido muy importantes en el
pasado, pero su papel tiende a disminuir a medida que nuevos países se han
incorporado a la UE y España recibe menos aportaciones (trabajo en ello así que
se de lo que hablo). La otra parte es el reparto que hace la AGE de los
recursos, que es una cosa de una complejidad infame, que nadie sabe muy bien
como funciona, pero que está llena de distorsiones y problemas de cálculo. En
esencia la AGE recauda las figuras tributarias principales, IRPF, IVA e
Impuestos especiales, (Sociedades se lo queda en exclusiva) y crea una bolsa
común. Luego, a partir de complejas fórmulas matemáticas en las que se
incorporan muchas variables de las CCAA (población, dispersión, renta per
cápita, envejecimiento, tasa de escolaridad, etc) reparte esos fondos con la
idea inicial de dotar a cada ciudadano de una financiación percápita homogénea,
viva donde viva, y luego realiza ajustes para lograr el grado de solidaridad
que se pueda, de tal manera que los residentes en las regiones pobres reciban
más financiación que los que residen en las ricas. Con esos fondos,
transferidos a las CCAA, los gobiernos regionales financian el gasto de cada
territorio, principalmente sanidad y educación, aunque el peso de los
dispendios y locuras localistas ha ido creciendo en el tiempo sin límite
alguno. Obsérvese que en todo momento son los ciudadanos los que pagan los
impuestos, no las regiones, por lo que los ricos extremeños y catalanes pagan
más que los pobres extremeños y catalanes. Sólo a la hora del reparto aparece
el concepto de región, y de ahí surgen las quejas y agravios entre unas y
otras. ¿Cuál es el problema de fondo de este sistema? En mi opinión que las
CCAA carecen de responsabilidad fiscal, porque no recaudan los impuestos que
gastan. El separar ambas figuras ha creado perversos incentivos para el gasto
por parte de los gobiernos regionales, que no soportan el coste y la
impopularidad derivada de subir los impuestos (Rajoy sube el IVA aunque el 55%
de la recaudación se destine a las CCAA)
¿Cómo se soluciona esto? Sólo veo dos vías. Una es avanzar
en el federalismo fiscal, manteniendo las competencias de las CCAA y que estas
recauden ellas mismas el grueso de sus ingresos, lo que implicaría reforzar los
sistemas de solidaridad porque algunas CCAA serían viables y otras no. Otra
solución es mantener el sistema de recaudación y recentralizar algunas
competencias, eliminando el papel de la CCAA, pudiendo en algunos casos plantearse
la misma existencia de alguna de ellas. En todo caso algo hay que hacer, porque
la situación actual no es sostenible. El problema añadido es la urgencia en el tiempo y
la complejidad de la tarea.
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