La errada reforma electoral local del PP

Rajoy está nervioso. Se que esta es una afirmación arriesgada, porque si por algo se caracteriza el Presidente del Gobierno es por no transmitir, por mantenerse encerrado en un estado hierático que no transmite sensación alguna. Sin embargo sabe que el año que viene, electoral en todos los frentes, puede ser desastroso para el PP, entre otras cosas porque parte del mejor resultado posible y sólo puede empeorar. Los dos frentes de su gestión, la economía y la política, que creía tener encarrilados, pueden desmadrarse en cualquier momento, y lo sabe. Y los primeros que recibirán el golpe electoral serán los alcaldes y presidentes de las (mal llamadas) Comunidades Autónomas, que se votan en Mayo.

Por eso Rajoy ha presentado la propuesta de que el alcalde del Ayuntamiento sea el de la lista más votada, en previsión de que muchos de los municipios en los que ahora gobierna el PP por mayoría absoluta dejarán de estar bajo su control al perder un gran margen de votos. En el fondo la idea de que el alcalde lo sea el más votado no es mala. Es más, la votación a alcalde es lo más parecido que tenemos en España a unas elecciones presidenciales, dado que en ellas todo el censo afectado por la gestión del posible candidato puede votarlo (o no). En la práctica hay dos maneras de lograr que esto sea posible, siempre que no se gane la elección por parte de una lista directamente con mayoría absoluta. Una es la de la “prima electoral” un concepto que no existe en España pero sí en otros países, consistente en otorgar a la lista más votada un bloque de escaños (concejalías en este caso) que le lleven directamente a la mayoría absoluta. Es eficaz para lograr el objetivo previsto pero, a mi entender, genera excesivas distorsiones, y podría transformar un resultado muy reñido entre varias fuerzas en una aplastante (e irreal) victoria de una de ellas. Otra opción, que me parece más sensata, es la de elecciones a dos vueltas. En la primera concurren todas las listas y en la segunda las dos que han sido las más votadas en la primera elección, de tal manera que se obliga de manera expresa a todas las formaciones a posicionarse respecto a uno u otro candidato (o ninguno) y al final el elegido sí es el más votado entre todos los que se han presentado, lo que le da una mayor legitimidad. Evidentemente respeta más la proporcionalidad del voto que el primero de los casos, por lo que podría tener un mejor encaje en nuestra Constitución, que refleja la primacía de la proporcionalidad. Sin embargo exigiría una reforma legal profunda, creo que no sólo de la ley electoral en su parte local, sino también en lo que hace a la definición de las competencias municipales. Porque es evidente que un alcalde votado directamente en segunda vuelta por todos los electores posee un poder legitimado en el voto que no tiene ahora mismo, y por ello sus competencias debieran ser mayores (esa es la diferencia básica entre un sistema presidencialista como el Francés o el Americano y el nuestro, que aunque muchos piensen que lo es, ni se le aproxima). En todo caso, una reforma de este tipo requeriría no sólo de un amplio consenso, sino de un serio estudio de cómo implantarla y diseñarla para que los posibles sesgos que posee este sistema de votación, que los tiene, como todos, fueran pulidos de una u otra manera, sobre si debe aplicarse a todos los municipios o sólo a los que superen un determinado umbral de población, sobre que ocurre en el caso de que, por ejemplo por corrupción, un alcalde elegido de esta manera fuera procesado, y cómo se le relevaría de su puesto, etc. Es decir un estudio sosegado y en detalle, porque es un asunto serio, complejo e importante.

Y en todo caso, después de las elecciones. Eso por descontado. La ley electoral de este tipo se puede llevar como promesa a los siguientes comicios y, después de celebrados, el gobierno podría aprobarla, incluso en solitario, aunque sería ideal el consenso. Pero en todo caso no se puede alterar el sistema de elección a unos nueve meses de las elecciones por el temor de un partido, en este caso el PP, a perder poder a manos de otros partidos o movimientos que amenazan con acabar con su hegemonía. Esta propuesta demuestra el temor de Rajoy y, sobre todo, el pánico de los cargos locales del PP, que temen ser barridos en la primera de las embestidas electorales que se sucederán en 2015. Por ello no debe llevarse a la práctica ahora.