Ayer se puso en marcha el portal de la
transparencia, una página web en la que se va a colgar mucha información,
de momento sólo de la Administración Central, sobre cargos, sueldos, funciones,
contratos, organigramas y, en definitiva, datos del funcionamiento de dicha
administración. Su valor sobre todo va a ser el de servir como portal único,
como repositorio general de una información, quizás accesible o no, pero en
todo caso dispersa y caotizada hasta ahora en cada organismo. Esta web es un
primer paso en el proceso de la transparencia y, aunque tiene fallos y lagunas,
nos hace ser como bebes, que empezamos a gatear en ese mundo abierto.
Comparándonos con otros países
que andan y corren en esta materia somos, como señalaba, un bebe que apenas ha
dado sus primeros gateos en el pasillo de casa. De manera dramática, esta
semana hemos visto hasta qué punto la transparencia está asentada en otras
naciones y las enormes consecuencias que tiene su uso. En Estados Unidos, que
en esta materia tiene la fortaleza de un experimentado corredor de fondo, se
ha publicado un informe relatando las torturas que, durante bastantes años, se
llevaron a cabo sobre detenidos en el marco de la guerra contra el terror
emprendida por el gobierno de Bush tras el ataque y destrucción de las
Torres Gemelas. La CIA fue la encargada de utilizar estos métodos con aquellos
presos que, capturados en sus países de origen o en operaciones desarrolladas
en terceras naciones, se consideraban como claves a la hora de evitar nuevos
atentados. El objetivo último era sacar información sobre planes terroristas
para abortarlos, usando para ello todos los instrumentos necesarios, y en este
caso el término “todos” incluye todos. El informe describe muchas de esas
técnicas de tortura, algunas clásicas, otras muy retorcidas, y las
consecuencias que tuvieron, tanto en las personas sobre las que fueron
utilizadas (alguna de ellas falleció) como en la información que se obtuvo
mediante estas prácticas. Viene a decir el estudio que, de manera pragmática,
si consideramos que el fin justificaba los medios, la escasa o nula información
obtenida da como resultado que debemos valorar estas prácticas como inútiles,
más allá de la repulsa ética que pueda generar el conocimiento de su uso. Es
decir, que no sirvieron para nada, ni aportaron información relevante. Lo
fundamental en este asunto, más allá de la hipocresía global ante el
conocimiento de unos hechos que todos suponíamos que se daban, es que los datos
y el detalle de esas prácticas ha surgido por parte del gobierno del país que
los desarrolló, y no varias décadas o siglos después, remontándose a las
torturas medievales y pidiendo perdón por las guerras de religión, no, sino a
hechos que sucedieron hace una década, muy pocos años, y en los que una anterior
administración, la republicana, está muy implicada, y la presente, demócrata,
también. ¿Se imaginan algo así en España? No, imposible, si no somos capaces de
saber si quiera cuántos viajes hacen los senadores pagados por el Senado o por
su bolsillo, sería impensable que, por ejemplo, un informe oficial español detallara
cómo se organizaron los GAL, un asunto que tiene sus similitudes (y
diferencias) con el revelado en EEUU, quienes participaron en ello, cómo se
decidió, financió y llevó a cabo, etc. ¿A que no son capaces de ni si quiera
imaginárselo? O sin llegar a asuntos tan violentos y escabrosos. ¿Sería posible
en España, en un plazo de cinco años, un informe oficial que detallara todo lo
que pasó con la constitución, salida a bolsa, quiebra y rescate de Bankia? ¿A
que les gustaría leerlo y saberlo? Y a quién no, pero dudo mucho, muchísimo, de
que algo así se haga. Ojalá me equivoque, pero nuestra transparencia aún está
en pañales, que en demasiadas ocasiones huelen a “caquitas” que nadie desea
limpiar.
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