A medida que los excesos de gasto público de la pandemia quedan atrás y los tipos de interés suben vuelve la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas y desde Bruselas se retoma el tema de las reglas fiscales, que fueron suspendidas cuando el Covid lo suspendió todo. Durante estos años de barra libre los gobiernos han podido gastar a sus anchas, en unos casos de manera justificada, en otros no, y con el pleno respaldo de las autoridades comunitarias y el BCE, que compraba la deuda de manera indirecta a través de programas pandémicos. Eso se acaba, y empiezan los problemas para los adictos al gasto.
En el programa de estabilidad que España, junto con el resto de socios, envía a la Comisión por estas fechas, se incluyen los compromisos del país respecto a los objetivos de déficit y deuda, y se elabora un calendario para cumplirlos. En nuestro caso, nos comprometemos a alcanzar el 3% de déficit el año que viene, una cifra que llevamos superando un montón de ejercicios fiscales, por lo que la credibilidad de esta promesa es, como poco, dudosa. Si le sumamos a ello que tenemos elecciones generales a finales de este año y que, de momento, es previsible que el actual presupuesto se prorrogue al coincidir el ciclo electoral con el de la aprobación de las cuentas anuales, es poco probable que estos compromisos con la Comisión se traduzcan en realidades en las cuentas del año que viene. El comportamiento de ingresos y gastos de nuestro país, muy dependiente del ciclo, presenta de un par de años hacia aquí unas cifras extrañas, con un aumento de la recaudación mucho mayor de la esperada y una subida de gastos también creciente, pero algo menos que la del PIB, lo que ha permitido contener la ratio de deuda, que está en el entorno del 112% más o menos. El disparo de la recaudación proviene de la recuperación económica tras el derrumbe Covid y, sobre todo, de la inflación disparatada, que ha subido los precios y con ello los impuestos indirectos asociados. El gobierno central no ha deflactado las tarifas del IRPF en su tramo nacional y pocas autonomías lo han hecho en lo que les corresponde (la mediáticamente malvada Madrid sí, y la bondadosa y progresista País Vasco también, aunque esa bien que se esconda) por lo que las retenciones a las rentas han subido al hacerlo también los ingresos de salarios que han visto compensada la inflación por subidas nominales. Con unos ingresos tan desatados era de desear que el gobierno aprovechase la coyuntura para reducir déficit y deuda, pero, sorpresa no lo ha hecho, y menos lo hará en los meses que quedan antes de las elecciones, siendo el gasto público y sus promesas de expansión una palanca espectacular a la hora de poder conseguir captar votos. La lógica señalaba que se debían reformular las ayudas otorgadas para sobrellevar la subida de precios, que siendo lineales ya se han demostrado regresivas, focalizándolas en las rentas más bajas y desprotegidas, permitiendo así que sean más efectivas en su función y menos gravosas en su coste, lo que unido a la estafa de la subida de impuestos derivada de la inflación otorgase una mejora en los saldos de las cuentas públicas casi de manera automática. El buen comportamiento del mercado de trabajo también contribuye a aumentar los ingresos, vía cotizaciones y consumo de los nuevos trabajadores, y reducir los gastos, por las menores prestaciones por desempleo a los menos parados. Como factores negativos que aumentan el gasto sin control, aparte de las políticas erróneas, la subida de tipos, que encarece el servicio de la deuda y convierte a esa partida, nuevamente, en una de las más gravosas, y sin que se pretenda en serio acotarla. Se han aprovechado los años de tipos ridículos para amortizar títulos gravosos por otros que lo son menos, pero esa ventana de oportunidad ya ha pasado.
Como es de esperar, la negociación de las reglas en Bruselas va a volver a enfrentar a países adictos a la deuda (nosotros entre ellos) frente a los que tienen unos compromisos fiscales mucho más estrictos. Este es uno de los temas más conflictivos de los que existen en el debate comunitario y que destapa todo tipo de rencillas y declaraciones ofensivas. Si, como parece, la economía global se frena y pueden venir una bajada de ciclo, el control de las finanzas públicas se enfrentará a un viento no de cola, y so hará más difícil la gestión del gobierno que salga de las urnas, si es que sale alguno, que nos conocemos, para el próximo año 2024. En todo caso, se acabó la barra libre por parte de la Comisión.
El lunes y martes son festivos, por lo que nos leemos el próximo miércoles 3 de mayo.