Los partidos políticos no quieren luchar contra la corrupción.

Esta mañana Cristóbal Montoro se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera política, al comparecer ante la comisión permanente del Congreso de los Diputados para tratar de explicar la presencia (o no) de Luis Bárcenas entre los beneficiarios de la amnistía fiscal organizada por el gobierno del PP el año pasado. Los 22 millones de euros suizos del ex tesorero del PP, más allá de su origen y destino, son una bomba andante que enfanga la actuación del gobierno y hunde al PP en el fondo de una crisis de credibilidad y de imagen muy difícil de remontar.

Muchos estaremos de acuerdo en que el nivel de corrupción política que se ha alcanzado en España es, simplemente, insoportable, aunque esta frase tiene un matiz desde su primera palabra, y es que también hay mucha gente a la que todo esto le da igual, lo que en mi opinión es una de las cosas más graves que le pueden suceder a un régimen democrático. Pero sin entrar en ese aspecto, yo soy uno de los que se muestran indignados, asqueados y preocupados por cómo el nivel de corrupción no deja de subir y cada vez amenaza a más instituciones del estado, llegando a un punto en el que puede ser capaz de derrumbar el propio régimen democrático en el que vivimos. El número de casos es infinito, sus cifras mareantes y el postín y cargo de las figuras a las que implican parece corresponder a una selección de autoridades del estado. ¿Por qué sucede esto? O mejor, ¿Por qué no se combate? Todos los partidos políticos proclaman su inocencia absoluta y cargan las culpas contra el resto, acusándoles de lo mismo que se les podría imputar a ellos vistas sus cuentas internas. El espectáculo es deprimente. Creo que, más allá de que el nivel de corrupción media existente en España es muy elevado, y consentido por la sociedad, y aceptado con una cierta (y repulsiva) comprensión, el sistema de funcionamiento de los partidos políticos en España alienta que surjan casos corruptos en sus filas, especialmente en lo relativo a los procesos de financiación. Todo el mundo sabe que las fuentes “legales” de financiación de los partidos no dan para sufragar sus gastos corrientes, y no digamos las campañas electorales, que son carísimas. De ahí que se recurra a vías “alternativas” algunas de ellas legales pero peligrosas, como el recurso al crédito bancario que acaba siendo perdonado por la entidad financiera a cambio de favores futuros (corrupción indirecta) y en otros casos a caminos completamente ilegales y opacos, basados principalmente en el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos, obras y demás puntos en los que los miembros de un determinado partido, pudiendo en ese momento ejercer poder público, se encargan de establecer el sistema de cobro como peaje para obtener una adjudicación o contrata. Si se fijan todos los casos son iguales en el fondo, aunque difieran mucho de la forma. El método del 3% catalán es el estándar utilizado por toda la política española. De ahí que los partidos, temerosos de que si estos sistemas se acaban se queden sin dinero, proclamen a voz en grito su escandalizada visión de la corrupción ajena pero, en el fondo, no vayan a hacer nada para desmontar este sistema, y cuando el ruido mediático del caso de turno se amortigüe, otra vez a recaudar…

La pregunta obvia es cómo se combate esto, y hay varias respuestas, pero muchas de ellas dependientes de reformas legislativas en las que, vaya vaya, los partidos políticos tienen capacidad de decisión. Aumento de medios en la justicia para que sea rápida, eficaz y contundente, reforma de la ley de financiación de los partidos, disminución del poder de sus estructuras y obligación de poseer cuentas públicas y verificables por todos, declaraciones de bienes auditadas de verdad, etc. Todo ello no eliminaría la corrupción, pero sí le pondría coto y bajaría su intensidad y volumen. La cuestión es si los “interesados” desean hacerlo o no. Tras más de treinta años de partidocracia, la respuesta sigue siendo un triste coro de noes.