Siguen los contactos entre las
formaciones políticas para poder llegar a un acuerdo que evite unas nefastas
nuevas elecciones que serían, sobre todo, insoportables. Mientras que los
líderes de los partidos siguen sin ganarse ese título con sus juegos de vuelo
bajo, la economía sigue funcionando, espoleada por un turismo que alcanza
registros históricos y en medio de los vaivenes internacionales provocados por
el Brexit. Lo que también sube, en apariencia, es el déficit público, la suma
del desfase de las distintas administraciones (central, autonómica, local y
Seguridad Social) y con él el volumen de deuda pública, que ya vive en el 100%
del PIB.
A
cuenta de todas estas cifras se libra una interesante batalla en Bruselas sobre
si se nos debe imponer una multa o no por el incumplimiento de los
objetivos de déficit comprometidos por el gobierno para el pasado 2015. Cada
año los gobiernos de la UE elaboran un informa que remiten a la Comisión donde
comprometen unas cifras macroeconómicas básicas, que luego serán las que les
sirvan a cada país para diseñar sus propios presupuestos. Es una solución de
compromiso, muy de mínimos, dada la inexistencia de una política fiscal común,
ni siquiera armonizada. Los reglamentos comunitarios prevén sanciones para
aquellos países que incumplan los objetivos que han marcado para el año, más
como una especie de amenaza para que se porten bien que como una regla de
castigo real, sobre todo por las implicaciones políticas que tiene la
imposición de una multa económica de la UE a uno de sus socios, y todo ello en
función de qué socio se trate, porque como pasa en todas partes, al UE es un
club de iguales donde unos son más iguales que otros. Nadie duda de que si
Alemania o Francia incumplen sus objetivos no serán sancionados (como no lo
fueron en su momento, antes de la crisis presente) que si Malta o Bulgaria
incumplen la sanción será segura y de que España y Portugal, los países que
ahora nos enfrentamos a una posible multa, estamos en una tierra de nadie
respecto a si tenemos el “poder” suficiente para “eludir” las sanciones. Con
arreglo al reglamento, nadie nos salva del castigo. De acuerdo con la realidad,
habrá que verlo. El Brexit en este asunto nos puede venir, paradójicamente, bien.
Una Comisión debilitada por semejante mazazo no puede arriesgarse a ser vista
como un ser castigador en países como el nuestro donde las tasas de paro siguen
siendo tercermundistas, y quizás el argumento político permita que el castigo
sea eludido. En todo caso ahora mismo el gobierno, con un Luis de Guindos en
funciones que no debe notar su estado virtual, negocia a cara de perro en
Bruselas sobre si nos van a recriminar, amonestar, penalizar, o cual será
finalmente el verbo utilizado, y su expresión económica en euros. Por cierto,
en esta negociación tampoco nos ayuda la nula presencia de españoles en los
puestos clave de las instituciones comunitarias. Apenas estamos representados
en ellas y eso dice mucho de nuestro “poder” real en las mismas. Para tratar de
apaciguar los ánimos ante varios países que reclaman una sanción ejemplarizante
Guindos ha ofrecido una especie de subida de impuestos (no pongo comillas para
no abusar de la paciencia del lector) que consiste en un aumento de las
retenciones en el impuesto de sociedades para grandes empresas, que el gobierno
valora en 6.000 millones de euros. La idea es que esa subida genera una caja
provisional por esa cuantía que reduce el déficit y que en el futuro, al
liquidar el impuesto, como no se han tocado los tipos, le será devuelta a las empresas.
No suena mal pero, como mínimo, le veo tres objeciones.
Una es la credibilidad ante las autoridades
comunitarias de un anuncio así, que suena a trueque contable. Otra es que no
conozco gobierno en el mundo que con un aumento preventivo de la recaudación pase
por alto la oportunidad de subir los tipos para convertirlo en definitivo, y el
tercero, y más serio quizás, es que sólo un gobierno elegido puede aprobar una
decisión así, vía ley, nunca uno en funciones. Y a día de hoy no hay gobierno
como tal. Si el acuerdo entre los partidos se frustra esta medida naufragará
con él, y las cuentas públicas seguirán descontroladas. ¿Cómo se lo tomaría
Bruselas? Como cualquiera de ustedes. Mal.
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