Ayer
la AIREF hizo público un nuevo informe en el que denuncia el más que probable
incumplimiento de los objetivos de déficit público para este año, haya
gobierno o no. Frente al objetivo oficial del 3,6%, sitúa el rango final del
déficit en una horquilla que va del 4,1% al 4,7% del PIB, en función de si al
final alguien asume el cargo de presidente y decide tomar medidas. Uno de los
factores que más van a contribuir a este desmadre del déficit son las cuentas
de la Seguridad Social, sitas en un proceso de sangría continuada desde hace ya
algunos años y cuyo aspecto empieza a parecerse cada vez más al de un Titanic
que tiene una tendencia imparable a hundirse.
Ayer,
también, y muy relacionado con todo esto, se supo que el gobierno sacó otros
mil millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar el saldo del IRPF
de las mismas. Ese hucha es un fondo creado en los años noventa, bajo el
gobierno de Aznar, cuyo objetivo era el de pagar aportaciones a las pensiones
en casos extraordinarios de falta de liquidez. Algo así una muleta, que uno
sólo utiliza si se rompe una pierna, pero que tiene “por si acaso”. Si se
tienen que usar muletas todos los días parece una señal clara de que las
piernas ya no funcionan. Y esto es lo que se desprende del uso que de ese fondo
está haciendo el gobierno. En verano sacó 8.700 millones para pagar la paga
extra de las pensiones de verano. Tras la retirada de ayer, quedan el en fondo
24.000 millones, una cifra enorme, pero muy pequeña frente a los más de sesenta
mil que llegó a tener y, sobre todo, enana si uno calcula que cada paga de
pensiones cuesta esa cifra de 8.700 millones. Multiplíquenla por catorce y
obtendrán el coste anual de las pensiones. Sin ser un genio, y si va a ser
necesario volver a recurrir al fondo para abonar las extras, queda dinero para
la de Navidad y la de verano de 2017. Y luego se acaba. ¿Y entonces? Una
excelente pregunta. Ya saben todos ustedes que el sistema de pensiones en
España se basa en el reparto. Las cotizaciones sociales (impuesto sobre el
trabajo) que empresarios y trabajadores en activo pagamos son las que sirven
para financiar el pago a los jubilados. Esas cotizaciones generan en los
activos un derecho para poder cobrarlas en el futuro, y entonces serán
financiadas por los que trabajen en ese momento. Por tanto, es obvio que
cuantos más trabajadores haya y menos sean los pensionistas mayor será el flujo
que vaya de los activos a los pasivos. ¿Qué pasa en estos tiempos? Tras el
impacto más duro de la crisis, el empleo se recupera, sí, pero aún está muy
lejos de las cifras de la burbuja, por lo que el número de cotizantes es menor.
El número de pensionistas no deja de crecer, tanto por la extensión de la
esperanza de vida como por la llegada al momento del retiro de las cohortes de
población que alimentaron el famoso baby boom del desarrollismo (en este 2016
se jubilan los nacidos en 1950) y otro factor importante es el hecho de que,
dados los contratos y empleos que se están creando en estos tiempos, basados en
sueldos inferiores a los anteriores, la cotización media por trabajador está
cayendo. Es decir, a igual número de trabajadores que antes de la crisis, el
ingreso recaudado por cotizaciones es menor. Un sistema en el que las
aportaciones disminuyen y los gastos crecen genera un déficit cada vez mayor,
no hace falta ser Einstein para saberlo, y empieza a ser uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta la economía y sociedad española, Y uno de los
de más largo recorrido. ¿Oyen a algún partido hablar al respecto? NO
Algunas voces han sugerido que hay que poner
impuestos adicionales a las cotizaciones para financiar el sistema, y es
probable que esta medida, junto con algún recorte encubierto de las
prestaciones, sea lo primero que se ponga en marcha para, al menos, atajar el
crecimiento del déficit de la Seguridad Social, pero lo cierto es que las
cifras, tanto demográficas como económicas, asustan, poseen una inercia que les
va a hacer seguir en las tendencias actuales durante bastante tiempo y, salvo
sorpresa no prevista (que ojalá) el sistema público de pensiones se enfrenta a
una crisis estructural muy seria. Urge debatir y estudiar qué hacer al
respecto, aunque no parezcan verse urgidos quienes debieran ser los que tomen
las decisiones.
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