El lío de MUFACE

Ya decía Forges que los funcionarios conocen cosas que el resto de los humanos ni imaginan. Una de las primeras con las que uno se topa cuando empieza a trabajar con ellos es que poseen un seguro privado para todo el colectivo de la administración general del estado, al que luego creo que se le han ido incorporando funcionarios de otras administraciones. MUFACE, que ese es su nombre, funciona mediante una concesión en la que el estado paga a unas aseguradoras privadas que ofertan servicios médicos a los mutualistas, los funcionarios, con una cartera más o menos amplia de prestaciones. Eso hace que, salvo cuando las cosas se ponen feas, los funcionarios no acudan regularmente a la sanidad pública.

MUFACE ha ido decayendo con los años, por varias razones. Antes era obligatorio que, al hacerse funcionario, se vieran apuntados a este sistema, por lo que el colectivo de usuarios engrosaba en su base y decrecía en el extremo final, pero desde hace ya bastante tiempo se oferta a los de nuevo ingreso la posibilidad de que escojan entre este sistema mutualista o la seguridad social convencional. Apuntarse al sistema público ha sido una decisión que, poco a poco, ha ido calando entre el colectivo, y esto se ha traducido en dos consecuencias claras. Por un lado, el número de usuarios del sistema ha ido reduciéndose poco a poco, al no compensar las altas con las bajas. Por otro, y esto es lo determinante, la edad media de los mutualistas se ha disparado, y esto en cuestiones sanitarias es básico. Como todo seguro de salud, su rentabilidad está en el hecho de tener una amplia base de clientes jóvenes que pagan y no consumen (la edad les mantiene sanos) y un colectivo menguante de edades mayores en las que los tratamientos médicos se disparan y encarecen. En el balance entre estos grupos está la rentabilidad del negocio. El que los que no consumen se reduzcan y la edad media de los usuarios crezca es la pesadilla del negocio, porque el coste no va a hacer sino subir. Ante esto, las aseguradoras tienen dos opciones. La obvia, cobrar más a todos, la sibilina, reducir prestaciones. Por lo que me han comentado muchos de mis compañeros de trabajo es la segunda la que se lleva haciendo desde hace tiempo, de tal manera que la cartera de coberturas y la calidad del servicio se va reduciendo poco, a veces de una manera muy disimulada, pero constante. Lo segundo, cobrar más, es lo que ha estallado ahora. Las tres empresas que ofertan este servicio, Adelas, Asisa y DKV, han acordado no presentarse a la prórroga de la concesión ante las autoridades alegando que el precio al que se ofertaba era ruinoso. Reclaman una subida superior al 50% de lo ofertado por el gobierno, y este se muestra dispuesto a un aumento que no alcanza el 20%. La ruptura entre las partes ha caído como una bomba entre el más de un millón de asegurados, que justo con el final del año pueden ver como, de no llegarse a un acuerdo rápido, las mutuas les pueden empezar a dejar de prestar servicio, no ya reducirlo, sino directamente no responder. Como todo, hay personas que apenas hacen uso de estas prestaciones y otras que están sometidas a tratamientos frecuentes e intensivos por enfermedades crónicas de mayor o menor gravedad. Para todos ellos, el que la mutualidad que les ha atendido durante gran parte de su vida, el sistema, se desvanezca es una nefasta noticia, y un evidente motivo de preocupación. ¿Qué va a pasar con ellos y sus tratamientos? Algunas fuentes del gobierno, especialmente del Ministerio de Sanidad, que carece de competencias al respecto, han salido a proclamar que extinguir MUFACE es algo que debe hacerse antes o después, y que todos esos usuarios deben reconducirse a la sanidad pública, y que las aportaciones que el gobierno hace para cubrir la póliza médica deben transferirse a los presupuestos de los gestores de la sanidad, en este caso las CCAA, para que con esa financiación extra hagan frente al aumento del número de usuarios. Como teoría no está mal, pero llevarlo a la práctica, y en un plazo de meses, se me antoja como imposible.

Madrid, donde más funcionarios hay, es la región que vería su sanidad más tensionada, pero no sería la única. Todas las regiones tendrían que afronta algo para lo que no están preparados, y es que el problema no es sólo de dinero, sino simplemente de recursos físicos, de dispensarios, de personal, de infraestructuras, que no se hacen de un día para otro. Si es necesario desmantelar MUFACE, que puede que lo sea, debe hacerse con cabeza, con un plan meditado, que permita una transición ordenada y, sobre todo, de tranquilidad a los usuarios de la mutualidad que ahora demandan sus servicios y que, de un día para otro, se han encontrado con un enorme problema que ellos no han causado. Conociéndonos, se improvisará y habrá historias para no dormir.