Destruir instituciones

El poder tiende a expandirse sin límites hasta que encuentra algo que lo frena. Es como el agua cuando llueve, llena huecos y se desborda, y si no encuentra obstáculos avanza sin freno. Ante uno, lo rodea, evita, y cambia de curso. En una planicie llana se genera un lago si llueve lo suficiente, todo se cubre. Así actúa el poder, dado que los deseos humanos son infinitos, y por naturaleza insaciables (sí, hay excepciones, pero el mundo no se hace mediante ellas) y es necesario imponer obstáculos que frenen las ansias de dominación. Lo hacen de formas mejorables, a veces son incapaces, pero algo logran. Uno de esos frenos son las instituciones.

Son un invento legal que crea entes que están más allá de la vida y figura de las personas humanas, que permanecen en el tiempo más de lo que pueden durar los gobiernos, y que poseen competencias, poder, que supone un obstáculo para que el gobernante pueda ejercer sus deseos en el ámbito en el que ellas rigen. ¿Son perfectas? No, nada lo es, y no pocas veces esa labor de freno se ve adulterada por la decadencia de la institución, sus propios errores. Pero las más de las veces el final de la institución llega por la toma del control de la misma por parte del gobernante, que logra poner a afines a su mando y la convierte en una extensión de sus dominios. Cuando eso se produce se alcanza un nivel de corrupción profundo, y a veces irreversible, porque la confianza que la sociedad pueda tener en un ente destinado a permanecer en el tiempo, si se pierde, es muy difícil que logre ser restaurada aunque otras personas ocupen ese cargo. En España tenemos abundantes ejemplos sobre cómo el poder trata de hacerse con instituciones para que estén a su servicio. A finales del año pasado se produjo la sentencia del juicio al Fiscal General, una institución judicial de primer orden, con el resultado de condena dada la actitud de quien entonces ocupaba ese cargo en un caso en el que se encontraba implicado el novio de una de las mayores rivales políticas del presidente del gobierno. Este es un ejemplo claro de corrupción institucional de primer orden, de elevada gravedad, pero tenemos ejemplos muy abundantes por todas partes, con un CIS que no es sino un portavoz no ya de los deseos demoscópicos del gobierno, sino de sus meras fantasías, o las televisiones públicas, que en sus distintos ámbitos territoriales de emisión, y bajo marcas políticas distintas, operan como meras cadenas de transmisión de consignas del gobernante de turno. Todos estos casos, y muchos otros, involucran a entidades que son pagadas con dinero público, mediante los impuestos que abonamos todos los ciudadanos, y que no realizan una labor al servicio de todos ellos, sino sólo para una parte. Eso es corrupción. En España la tradición de tomar al asalto las instituciones por parte del gobernante viene de lejos, y los años de dictadura del siglo XX dejaron el pabellón muy alto respecto de hasta qué punto el conjunto del estado se puede convertir en una mera maquinaria al servicio de los intereses de una sola persona, en aquel caso el dictador. Es el caso extremo de corrupción. Desde que vivimos en democracia ha habido escándalos de todo tipo en instituciones fundamentales, en las que tanto el PP como el PSOE, en el ámbito nacional, han dado ejemplo de cómo no comportarse en el ejercicio de sus competencias de poder, y sí de cómo tratar de hacerse con todo lo que sea posible con tal de apuntalar la labor del gobierno. Si se quiere, en los tiempos del sanchismo, este proceso es mucho más burdo, más descarado, propio de una época en la que el desprejuicio domina la gestión pública y la autenticidad, entendida como el ejercicio descarado de las malas formas, nos posee.

Si en España las cosas no han ido a más es porque tenemos un freno institucional superior a nosotros, que es la UE, que impide que ciertas áreas puedan ser abordadas por el gobierno. Pero, sin la pertenencia a la Unión, ¿qué sería de nosotros en manos de un gobernante carente de escrúpulos que quisiera hacerse con todo el poder y no encontrase freno moral alguno para llevar a cabo su plan? Da miedo pensarlo, desde luego. Pues bien, a ese experimento es al que asistimos en EEUU, donde no hay institución superior a las leyes del país y la voluntad de su gobernante. Lo que Sánchez hace en España es trumpismo con t minúscula, porque no puede más. En EEUU, como siempre, todo es a lo grande, empezando por una T mayúscula.