Ayer tuvo lugar, en el complejo gubernamental en el que trabajo, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, encuentro entre el gobierno central y las CCAA de régimen común, que excluye al País Vasco y Navarra, agraciadas con el sistema de concierto foral, eso que a veces se denomina “cuponazo” y que, dado el nivel de opacidad y chantajismo con el que se negocia, responde bastante a la realidad. El resto de las regiones mantiene un sistema de financiación común basado en gastos muy elevados, competencias fiscales escasas y unas notables aportaciones por parte de la Administración Central, que es la que recauda la inmensa mayoría de los ingresos tributarios.
Los cálculos y modos de reparto del sistema de financiación llevan y obsoletos un buen número de años. Su reforma es una necesidad de primer orden, dado que ha generado problemas de todo tipo, y para nada recoge cambios estructurales habidos en el país en estos últimos tiempos, empezando por el disparo demográfico fruto de la inmigración, que ha sido mucho más intenso en unas regiones que en otras. Está bastante demostrado que actualmente son Valencia y Murcia las que sufren una menor financiación respecto a otras, y que su precariedad crece con el tiempo. Esa necesidad de reforma se ha topado más de una vez con la pretensión de la Generalitat Catalana de ser tratada de una manera específica, distinta al resto. Desde la aspiración puigdemoniaca del concierto a la vasca a una sobrefinanciaciación descarada sobre las demás expresada por Esquerra, la cuestión catalana ha estado orbitando constantemente en el debate de financiación regional desde hace ya bastantes años. El actual desgobierno, en uno de sus actos de irresponsabilidad más graves, compró a Junts la propuesta del concierto, aunque afortunadamente la capacidad de mentir de Sánchez se ha demostrado tan intensa ante los que considera socios como ante el resto de la humanidad. Finalmente, el gobierno ha presentado una propuesta de reforma basada, diciéndolo de una forma muy burda, en unas mayores aportaciones de la administración central a los gobiernos regionales, de tal manera que la caja común a repartir crezca, y una concesión previa a Cataluña, de tal manera que esa región no pierda respecto al resto con relación a lo que aporta. Es lo que se llama el principio de ordinalidad, que el reparto a posteriori respete la importancia de las aportaciones a priori, de tal manera que si una región es la tercera que más aporta sea la tercera que más recibe. Esta ordinalidad se fuerza sólo para Cataluña, siendo en el resto de los casos posible que una región que aporte mucho reciba menos en proporción a ello y viceversa. Este acuerdo, presentado ayer al resto de regiones, ha sido negociado en exclusiva por Moncloa y Esquerra Republicana, ni si quiera por la Generalitat de Cataluña, y su acuerdo se escenificó la semana pasada en una reunión entre Sánchez y Junqueras celebrada en la presidencia del gobierno, reunión que se vendió como única y extraordinaria y que luego se ha sabido, patas cortas tienen las mentiras, que era la última de una serie de encuentros celebrados entre Sánchez y Llunqueras a escondidas del resto de líderes, nacionales y regionales. El resto de las regiones se ha encontrado con una propuesta sobre la mesa en la que no han sido consultadas, sino que se les ofrece un pack cerrado de aportaciones y cifras en las que el aportante y uno de los receptores ya han decidido cómo deben ser. Más allá de la justicia o injusticia de los números de los que se está hablando, que de todo hay, resulta evidente que aquí el gobierno de todos trata a algunos preferencialmente, como si fueran de primera, y al resto como un mero segundo plato, como un añadido molesto al que se debe soportar. Este ninguneo ha soliviantado a todas las regiones, la mayoría presididas por el PP, dos por el PSOE, y como era de esperar, la reunión de ayer sólo sirvió para poner de manifiesto la doble vara de medir con la que juega el desgobierno central y los agravios que el resto de las regiones, menos una, denuncian sentir.
Este asunto de la financiación autonómica es realmente complicado, difícil de entender, más aún de llevar a la práctica, y enrevesado al extremo por el pago de contraprestaciones políticas por parte de los distintos agentes que se desenvuelven en él. Si quieren saber cómo funciona en España y los sesgos y problemas que tiene, algunas soluciones, y los inconvenientes que se derivan, un texto excelente es el de “La factura del cupo catalán” de editorial Espasa, escrito por Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde. No requiere muchos conocimientos previos y explica bastante sobre todo este lío, sobre cuáles son las soluciones posibles menos malas y cuáles son algunos de los injustos engendros que tenemos en España.
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