Este fin de semana ha sido el de la resaca de la crisis de Martinsa – Fadesa (MF). Pese a las alegrías bursátiles del final de semana, que veremos si son efímeras o no, han abundado en televisión los reportajes de particulares que miran unas rejas tras las que se encuentran sus futuras casas, medio hechas n algunos casos, simples terrenos abandonados en otros, pero con un incertidumbre sea cual sea la situación del inmueble. A ellos se les han juntado en el club de los inciertos lo fontaneros, carpinteros y demás gremios que tenían esas casas en lista de espera para trabajar y hacer negocio. La bola sigue creciendo.
La crisis de MF ha suscitado, entre otros, el interesante debate sobre si el estado debe ayudar a que estas empresas no quiebren. En el caso de Muse agrava la situación al saberse que la quiebra se podía eludir mediante un préstamo de 150 millones de euros por parte del ICO, organismos gubernamental, una cantidad realmente pequeña en comparación al volumen de deuda acumulado por MF, pero al final el ICO no se lo concedió, y MF cayó. Independientemente de la polémica política que se ha organizado sobre lo que ZP le prometió MF y ha cumplido (o no) el debate sobre la intervención me parece mucho más interesante. En este punto el gobierno presenta dos almas muy distintas. Una, la ortodoxa, encabezada por Pedro Solbes y respaldada desde el Banco de España por su antiguo colaborador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que aboga por no intervenir. Mirar y dejar que el mercado haga su trabajo, dejando caer a quienes están débiles y permitiendo sobrevivir a las que puedan. En el otro lado económico parece estar Miguel Sebastián, no se si por convicción o por ganas de llevar la contraria a Solbes, y los Ministerios de él “dependientes” que son Vivienda y Ciencia e Innovación. Sebastián es partidario de rescatar a estas empresas, con el objeto de que su caída no genere una especie de gangrena financiera que se extienda por otros sectores. El argumento es realista, pero tiene a mi modo de ver dos grandes objeciones. Una práctica, que es que el dinero público no está destinado como prioridad a salvar los problemas privados, por lo que de efectuar esos rescates debiera ser cuando no hay otra opción y cuando el problema a evitar es realmente grave. El orto argumento, más teórico, pero dotado de mayor solidez, es el llamado riesgo moral. El particular debe saber que si se arriesga en un negocio puede ganar o perder, y que en este segundo caso no va a haber una red protectora que le impida la caída. Si esto es así, realizará sus inversiones de una manera más coherente y juiciosa, con vistas a lograr el éxito, y será más eficiente, y sino camina por esta senda de la eficiencia, por la que al parecer MF no acostumbraba a transitar, se estrellará, y la sociedad en su conjunto, representada por el estado, no tiene porqué asumir los costes de sus errores. Esta política, llevada a largo plazo, genera una de las cosas más difíciles de crear y mantener por parte de una autoridad, y no sólo en el campo económico. Me refiero a la confianza y a la credibilidad de sus actuaciones. Todos los actores saben con que cartas van a jugar cada uno en la partida, y eso hace que las sorpresas sean menores y al estabilidad financiera mayor.
Ante esta disyuntiva de ideas, apoyo a Solbes y su no intervención. Es cierto, sin embargo, que puede llegar un momento en que un grado de ayuda sea necesario. No ha ocurrido, pero supongamos que la caída de MF acaba arrastrando al Banco Popular, con 400 millones de deuda, o a Caja Madrid (se estima que con 1.000 millones de deuda) o que cerca de Navidades, en medio de una más que posible recesión otros bancos y cajas se caen por impagos y deudas acumuladas. En este caso pudiera estar justificada la intervención “torniquete” para evitar que el sistema financiero se desangre, pero aún no hemos llegado a esos extremos (y esperemos no verlos) así que de momento dejemos que las cosas transcurran.
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