El problema de la ley electoral

Uno de los debates que siempre se suscitan después de las elecciones generales es el de la representación que obtienen los partidos y las diferencias que hay entre ella y el número de votos conseguidos. Es el eterno debate sobre la ley electoral, agudizado estos días por llamamientos como el del movimiento 15M hacia esa democracia real que no se sabe muy bien que es, aunque sí es seguro que denuncia el sistema de reparto actual. Los resultados del 20N muestran casos sangrantes, como los de IU y UPyD, o EQUO, en los que millones de votos se traducen en muy pocos escaños. ¿Tiene esto solución?

Pues como suele ser habitual, depende. En el caso del Congreso (el Senado es distinto y dado que no sirve para mucho no me liaré con él) el sistema de reparto es proporcional corregido por la famosa ley D´Hondt, teniendo como circunscripción a la provincia, y por tanto son los votos obtenidos en cada provincia los que determinan los escaños a repartir en esa provincia. Así, concentraciones de voto en una región pequeña hacen que se obtenga representación en ese territorio (y acceso al Congreso) mientras que mucho voto disperso por toda España se acaba diluyendo provincia a provincia y se puede quedar en nada, o casi. Este es el gran problema que beneficia a los partidos nacionalistas o locales frente a las formaciones minoritarias de ámbito nacional. Otra de las características de la corrección proporcional que se usa en España es la tender a crear grandes grupos políticos que, habitualmente, acaban en un duopolio como tenemos, con un PP y un PSOE que se alternar en el ejercicio de la mayoría, penalizando a terceros partidos nacionales que, con un número de votos menor, siempre tendrán una representación mucho menor a la proporción de votos que suponen sobre los partidos grandes. ¿Por qué se escogió un sistema así? Hay muchas causas, pero las principales son de orden político. Al inicio de la democracia, saliendo de un sistema dictatorial, se buscaban gobiernos legitimados con amplio soporte social y que fueran estables, de tal manera que formar mayorías de gobierno en la cámara fuese sencillo y no se llegara a situaciones como la italiana, donde un sistema proporcional sin corrección deparó decenas de gobiernos con minúsculos partidos durante la práctica totalidad de la segunda mitad del siglo XX. Ese escenario daba mucho miedo, y se trató de evitar. El sobrepeso a la provincia y la representación localista tiene su sentido de base en evitar que las regiones pequeñas queden aplastadas por las grandes, donde se concentra mucha población, pero en el caso particular de España se hizo para que los nacionalistas vascos y catalanes se garantizasen representación en el Congreso, capacidad de influencia a la hora de la toma de decisiones y así, poder sentirse integrados en el país. Una especie de acuerdo del tipo “yo te dejo coger poder y tú te portas responsablemente dentro de casa” que a largo plazo se ha demostrado muy ingenuo dada la innata voracidad del nacionalismo. Además recordemos que en el momento de este diseño ETA mataba decenas de personas al año, y la integración de los nacionalistas era un asunto de primer orden.

¿Se puede corregir todo esto? Hay muchas ideas y simulaciones sobre como hacerlo, que pasan por cosas tan dispares como aumentar el número de escaños, disminuir la proporcionalidad, realizar las elecciones generales bajo circunscripción única (como las europeas) y no provincial, hacer un sistema proporcional puro para el Congreso y que sea un Senado efectivo el que realice el ejercicio de equilibrar territorios, etc. Cada solución tiene sus ventajas e inconvenientes, porque no hay fórmula perfecta, pero opciones hay, y con tiempo y voluntad se pueden corregir los excesos que el sistema actual produce. Otra cosa será lidiar con las consecuencias de dichas modificaciones, que generarán, en todo caso, ganadores y perdedores.