Ayer por la tarde tuvo lugar, en el edificio en el que trabajo, al reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, CPFF, organismo definido por la Constitución y que consiste en al cita del gobierno con los responsables de Hacienda y Finanzas de todas las Comunidades Autónomas para pactar asuntos relacionados con la financiación de los gastos que las CCAA desarrollan en su territorio. Por tanto, cunado ayer por la noche vieron a periodistas haciendo crónicas y consejeros entrevistados pudieron saber cómo es el interior del edificio en el que, por ahora, me paso la mayor parte de mi vida, haciendo no se muy bien qué.
En los buenos tiempos de la burbuja inmobiliaria las reuniones del CPFF ni salían en los medios. Todo era jauja. La recaudación crecía como al espuma a la vez que lo hacían los pisos que no dejaban de comprarse y venderse. Todo el mundo tenía ingresos y gastaba sin límites. El hundimiento del ladrillo y la crisis ha provocado que ese ingreso, que era artificial, se evapore, pero el gasto que con él se sufragaba se sigue manteniendo, y en algunos casos engorda sin parar. Así, hoy en día varias CCAA afrontan unos gastos estructurales fijos inmensos y unos vencimientos de créditos y pagos a cuenta frente a los cuales no pueden hacer nada, por lo que me imagino que poco a poco las reuniones del CPFF hayan derivado en una especie de flagelada terapia de grupo en la que cada consejero llora más que el anterior y expone de manera más cruda sus problemas. “Yo no puedo pagar los colegios”, “yo ni la luz de los despachos, ni a los funcionarios que en ellos se encuentran” y así hasta acabar la ronda. Y luego, todos a una ante el representante de la Administración General del Estado, en un coro plañidero digno de tragedia griega, entonarán un “págame” a cuatro voces y sin sordina. Sea cual sea el color del gobierno central, el mensaje siempre ha sido el mismo, no dejaremos que ninguna CCAA caiga en la insolvencia, y se han formulado vías para tratar de evitarlo (créditos ICO, avales de deuda, etc). Ahora se aboga por exigir el cumplimiento de techos de gasto y déficit, llevando la austeridad presupuestaria del gobierno central a los presupuestos de las CCAA. Es una loable idea pero, como todas las anteriores, llega tarde y, a mi modo de ver, está abocada al fracaso. El principal problema que el gobierno actual debiera afrontar y de momento no le veo con ganas de hacerlo, es que el sistema está pervertido desde un inicio, y es que las CCAA gastan mucho, ejecutan políticas sociales como educación y sanidad, que son muy caras y necesarias, pero no ingresas, no poseen impuestos propios más allá de los derivados del ladrillo. En esencia viven de las transferencias que se les hacen de los impuestos del estado (concretamente 50% de IRPF e IVA y 58% de los impuestos especiales). Por tanto no hay corresponsabilidad fiscal, porque no te cuesta gastar (vende mucho inaugurar hospitales) y no tienes que afrontar el coste de recaudar (eso lo hace “Madrid”, a quién es fácil echar las culpas). En el fondo la situación se parece mucho a una familia con muchos hijos en la que todos viven de la paga del padre, el único que ingresa, y en la que es muy difícil hacer entender a los hijos lo que cuesta obtener los ingresos mes a mes para que sean responsables en el gasto. A día de hoy el desfase entre ingresos y gastos en ciertos territorios ha sobrepasado, a mi entender, el límite de lo prudente y se adentra en territorio de insolvencia. Hay varias CCAA en el punto de mira, pero dos de ellas, Castilla la Mancha y C Valenciana, son las principales candidatas a quebrar (sí, quebrar) en breve. Existen gracias a la respiración asistida del estado, pero tarde o temprano impagarán alguna obligación, y entonces……
Y entonces deberán ser rescatadas. ¿No les suena esto al juego entre Alemania y Grecia? Sí, tiene un aire, con la salvedad de que esto constituye un único país, aunque pocas veces lo parezca. Y en caso de rescate supongo que alguien se atreverá a decir que si es insolvente, la Junta de Castilla la Mancha y la Generalitat Valenciana deben ser disueltas, sus competencias transferidas a la AGE y la CCAA, como tal, debe desaparecer para que el ciudadano siga recibiendo los servicios, en este caso gestionados desde el “odiado” Madrid, ante el estrepitoso fracaso de lo que se ha hecho desde la “querida” Valencia o el “amado” Toledo. ¿Habrá valor y coraje para hacerlo? De momento no, pero quizás Europa, o lo que quede de ella, nos obligue.
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