Las informaciones relativas a la
presunta financiación ilegal del PP surgen cada día como brotes tras la lluvia.
Ayer
El mundo traía un suplemento de 16 páginas con hojas escaneadas que dan una
idea de lo que se movía en Génova y quienes se lo llevaban, en teoría. En
paralelo, esta semana un juez de Barcelona ha dictaminado que en el caso Palau
se puede hablar de financiación ilegal de CiU mediante comisiones ilegales
cobradas a las distintas empresas involucradas, el famoso 4%, y a poco que se
escarbe el caso de los EREs en Andalucía será, seguramente, otra forma de
financiación encubierta de un partido, en este caso el PSOE, con distinta
metodología pero igual objetivo. Conseguir dinero.
¿Es inevitable la corrupción
política? ¿Debemos resignarnos a convivir con ella? No, evidentemente no, pero
sobre todo a la segunda pregunta. Los comportamientos ilegales deben ser
perseguido judicialmente, castigados duramente y señalados para que el culpable
sufra el oprobio y la vergüenza. Por cierto, esto último no se da en España,
donde robar y corromper sigue siendo algo no tan mal visto. Pero el problema de
fondo, el de la financiación de los partidos, sigue estando en el aire y si no
se le da una solución volveremos a ver escándalos de este tipo durante el resto
de nuestras vidas. Y aquí funciona una especie de hipocresía social que, a mi
modo de ver, es muy similar a la que se manifiesta con el deporte profesional y
el doping. Ya conocen ustedes mi teoría de que todos los deportistas
profesionales están dopados, más o menos, de una forma u otra, y que todo el
mundo lo sabe y consiente y que en función de la relevancia social del
deportista, sus ingresos y poder, el amaño es descubierto o no. Las leyes
antidoping se hacen cada vez más complejas y detalladas pero el doping no se
queda atrás, y de salto en salto, la situación sigue avanzando en una especie
de empate técnico insalvable. Aquí y cada vez que se me pide mi opinión al
respecto reitero mi idea de que el doping debiera dejar de ser delito, que
seamos honestos con nosotros mismos y que, dado que lo que nos importa del
deporte son las marcas, records e ingresos, permitamos que cada uno se meta lo
que desee y allá él. Las víctimas de la droga deportiva, que se suceden año a
año sin que nadie las eche en falta o denuncie, al menos tendrían un cierto
reconocimiento y todo sería más honesto que en la actualidad. Basta ver lo que
pasa con el dopaje en deportes como el fútbol o el atletismo en los siempre
politizados juegos olímpicos para hacerse una idea de hasta qué punto hacemos
teatro cada vez que proclamamos la limpieza del deporte. Y en el asunto de la
financiación de los partidos la situación es similar. Todos ellos delinquen
para obtener ingresos ya que, de manera legal, no pueden sacarlos y estarían abocados
a la desaparición. Las campañas electorales son caras, cada vez más, y sólo
hace falta fijarse en EEUU para imaginarse hasta dónde pueden crecer los costes
de una elección. La situación actual hace que las mordidas que los partidos
realizan a empresas y organizaciones se traduzcan en adjudicaciones ilegales,
amaños de contrato y prebendas más o menos descaradas una vez que el candidato “untado”
ha alcanzado el sillón del poder, y todo ello en medio de la más absoluta
opacidad. ¿Cómo se frena esto? ¿Prohibiendo las donaciones? Esa es la situación
actual y ya ven ustedes que resultados ofrece. Mi propuesta es que nos dejemos
de hipocresía, detengamos a todos los delincuentes actuales y, tras ello, cambiemos
la ley a futuro, de tal manera que las donaciones a los partidos sean legales,
públicas y, si se desea, publicitadas. Saquemos a la luz lo que ya sucede entre
bambalinas y sepamos quiénes y por cuánto aportan a los diferentes partidos, y
eso sí sería transparencia de cuentas. Lo demás sería seguir como hasta ahora, vivir
en un mundo de falsedad, en el que todos sabemos que la contabilidad A es
preciosa y la B es la real.
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