Se
celebra hoy, varios años después de su última reunión, la conferencia de
presidentes de las CCAA, un foro interesante que carece de competencias
definidas, y que será analizado al final de esta jornada tanto por los acuerdos
a los que pueda llegar como por las ausencias, dos, algo distintas a mi
entender. Urkullu, por el País Vasco, no va por pose y para meter presión en la
negociación de los presupuestos, y el gobierno no lo ve con malos ojos.
Puigdemont, Cataluña, no va por convicciones y es el gran vacío del que hoy se
hablará. El problema que refleje ese hueco no podrá ser solucionado por los presidentes
regionales allí reunidos, les excede.
Sí pueden, y deben, abordar la
gestión eficiente de los servicios públicos y su financiación. La clave de la
creación de las autoridades regionales y locales no es la de crear baronías
regionales y núcleos de poder particulares, como así lo han entendido muchos líderes
y partidos, sino acercar al ciudadano aquellos servicios públicos que, por sus
características, pueden ser prestados de manera más correcta por el organismo público
más cercano. Dos son los problemas que debieran ocupar el centro de los debates
de hoy. El primero es la parcelación en la que ha degenerado el sistema autonómico
en lo que hace a sanidad y educación. Es absurdo cómo las CCAA se pegan para no
atender a los ciudadanos que no están empadronados en sus territorios, dejándoles
tirados en muchas ocasiones. Se ha dicho muchas veces que si uno es ciudadano “árbol”,
que nace crece y muere sin moverse de su parterre no hay problema, pero pobre
de aquel traslade su residencia, o por trabajo deba estar viviendo épocas en un
lugar o en otro. Creo que es más fácil obtener atención sanitaria en otro país
de la UE que en otra CCAA para cualquiera de nosotros, y tengo una experiencia personal
muy intensa al respecto. El otro problema es el de la financiación de esos
servicios. Tanto sanidad como educación, pilares ambos del estado de bienestar,
son competencia y se ofrecen desde las CCAA, y generan enormes partidas de
gasto, pero estos gobiernos regionales, que gastan tanto, apenas ingresan.
Viven de las transferencias que la hacienda nacional les otorga en función del
sistema de financiación autonómico acordado por todos, sistema que además de
ser ya obsoleto no funciona desde hace tiempo. Lo que se ha hecho hasta ahora
es poner parches a una especie de Frankenstein de fondos, cálculos y repartos
que hace tiempo dejó de ser entendido, y puede ser esta la oportunidad para su
reforma. Se debe estudiar si hacemos que las CCAA sean adultas, es decir, que recauden
lo que gasten, y posean por tanto la llamada “corresponsabilidad fiscal” lo que
les quitaría muchos de los argumentos en contra del estado central, al que como
adolescentes acusan de ser un padre malo que no les da suficiente paga. Se debe
acordar una cartera de servicios sociales homogénea y mínima suministrados por
las CCAA, que sea igual para todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan,
y a partir de ahí la región que quiera ofertar más, puede hacerlo si corre con
los gastos. El papel de la administración central debiera ser el de velar porque
esa cartera mínima se cumple de forma efectiva y nivelar aquellos casos en los
que las regiones no sean capaces de otorgarla, velando así por la igualdad de
todos. Y por supuesto, realizar las políticas horizontales comunes a todo el país
que son de su competencia, y de las que no puede eludir su responsabilidad,
dado que tan injusto es que las CCAA acusen de todo al gobierno como que éste
las use de excusa para no hacer frente a sus propias responsabilidades.
Este tema de la financiación regional es uno de
los más complejos y discutibles que existen, dado que no hay dos territorios
iguales ni en renta ni en superficie ni en demografía, dispersión, accesibilidad,
dotación de infraestructuras, necesidades ni de ninguna otra variable que se
les pueda ocurrir. Hay muchos modelos en otros países para tratar de llevarlo a
cabo, ninguno es perfecto y en todos los casos hay algunas disfunciones y
problemas, pero es evidente que el que tenemos ahora en España, que durante los
años de la burbuja funcionó, hace tiempo que ha dejado de ser útil y justo.
Urge su reforma, y que los hoy reunidos se lo tomen muy en serio.
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