Se esperaba la sentencia sobre los aranceles fálsamente recíprocos de Trump desde hace tiempo, desde finales de enero ya la invocaban algunos analistas, y existía un cierto consenso en que iba a ser negativa para los intereses del presidente. El caso lo interpusieron varias medianas y pequeñas empresas norteamericanas, perjudicadas por el gravamen dictado desde la Casa Blanca. Sí, sí, las medidas de Trump nos perjudican a nosotros, pero también les perjudican a ellos. Quizás sea la fortuna personal del sujeto y de algunos de sus secuaces lo único que se vea beneficiado por sus políticas.
La cuestión es que fue el pasado viernes por la tarde, hora española, cuando se hizo pública esa sentencia y, en efecto, era un varapalo a las medidas dictadas por Trump. Se consideraban arbitrarios los gravámenes impuestos e ilegal la norma utilizada para ello, por lo que se estimaba la petición de los demandantes de anularlos y de revertir lo ingresado por ello. La sentencia hace referencia a la dificultad de este último punto, dado que estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares recaudados que debieran ser reintegrados, con el inmenso lío administrativo que eso supone y el daño a las arcas públicas. Pero el fondo de la sentencia es nítido. Trump actuó de manera arbitraria e ilegal. Al poco respondió el magnate desde la Casa blanca acusando al Supremo de haberse vendido a intereses antinorteamericanos, insultando a los jueces y mostrando hasta qué punto la degradación de la institución presidencial del país no deja de ahondarse en manos de semejante individuo. Prometió reponer los aranceles, y su equipo jurídico ha buscado nuevas fórmulas, de momento provisionales, para imponer un arancel universal a todo el mundo del 10%, que en la noche del sábado subió al 15%, generando aún más confusión en el tablero económico global ante las dudas sobre si esta nueva medida también será ilegal, o sobre dónde quedan ahora los acuerdos comerciales bilaterales firmados entre EEUU y otras naciones para eludir, o al menos suavizar, los aranceles que se impusieron en la primera ronde de agravios, ahora declarada ilegal. Como es habitual con Trump, ruido y caos a mansalva. Lo relevante de lo vivido el viernes, más allá de las consecuencias económicas, es que, por primera vez, una enorme institución del país, el Tribunal Supremo, le ha llevado la contraria al magnate. Tres de los miembros conservadores del Tribunal, algunos de ellos colocados por Trump, han votado en contra de los intereses del presidente que les llevó hasta esa alta magistratura, lo que es algo reseñable, y envidiable visto desde aquí. Es cierto que la pertenencia vitalicia al tribunal hace que los magistrados no se deban a quien les colocó una vez puestos en el cargo, dado que son incesables, sólo la enfermedad o la muerte les puede quitar el puesto, pero siempre da envidia comprobar como una institución en la que la ecuanimidad se encuentra entre los pilares principales que justifican su existencia la ejerce de esa manera. En el primer año de presidencia trumpista el sistema de check & balance, compromisos y cortapisas, por así decirlo, ha fracasado en aquel país. Con el control de la presidencia y las cámaras apenas nadie ha osado llevar la contraria el ególatra supremo, y su presidencia discurre por un decretismo autoritario que no cesa y que va a más. El viernes, por fin, alguien con poder de verdad en EEUU decidió decir basta a quien amenaza con sumir a la nación en el caos. Y aunque sea sólo por eso, debemos celebrar la sentencia del Supremo.
En su escrito de justificación de su voto, contrario el presidente, el juez Gorsuch, conservador, puesto en el Tribunal por Trump, argumentó que las decisiones legislativas de la nación deben tener un componente deliberativo incuestionable, deben por tanto nacer de una contraposición de ideas entre instituciones, sea la presidencia, las cámaras o similar, y en ningún caso la norma debe responder exclusivamente al deseo de una única persona, a las ambiciones de alguien que se apropie el derecho como uso exclusivo en su propio beneficio. Gorsuch defiende en su escrito la esencia de la república norteamericana y la separación de poderes que consagran las constituciones de las democracias liberales. Y si lo hace es porque sabe que ambas, república y constitución, están amenazadas.