Hoy inicia sus deliberaciones el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, sobre el futuro de la planta burgalesa de Garoña. La previsión es que para mañana emita un dictamen que puede ser de dos tipos. Negativo, en el sentido de que no es posible garantizar la central una vez que ya ha cumplido los 40 años de vida útil para los que fue construida, o positivo. En este caso el CSN puede recomendar la realización de obras de mejora, pero considerando que en su conjunto la central puede funcionar sin problemas por los cambios ya introducidos a lo largo de los años.
El veredicto del CSN sólo será vinculante si es negativo. En ese caso el gobierno decretaría el cierre automático. Si es positivo el gobierno puede hacerle caso al CSN, concediendo una prórroga en la gestión de la central, o no, cerrándola igualmente. Por ello es muy importante saber que va a decir el CSN en su reunión. Lo lógico, en función de lo publicado en días atrás, es que se manifieste a favor de la continuidad de la central y recomiende algunas obras de mejora, muchas de las cuales ya han sido propuestas por Nuclenor, la sociedad que gestiona la central y que es compartida al 50% entre Endesa e Iberdrola. De lo que hay muchas dudas es sobre qué es lo que va a decidir el gobierno ante un probable informe positivo. Hace unas semanas la fundación ideas, encabezada por el ex ministro de trabajo Jesús Caldera, abogaba por el cierre de todas las centrales nucleares españolas, que ahora mismo aportan un 20% de la electricidad consumida por el país. Esta idea del cierre la respaldan la nueva guardia del PSOE, con su presidente ZP a la cabeza. Fue una pena que en la almibarada y servicial entrevista que Pedro Piqueras le hizo ayer a ZP (cómo se nota que las televisiones necesitan el apoyo del gobierno para salir de la crisis) ni le preguntase sobre este asunto, cosa que sí hizo a Rajoy el día anterior. En el lado de no cerrar la central se encuentra las viejas glorias del partido, encabezadas por Felipe González y Joaquín Almunia, y varios de los técnicos que conforman ahora los cuadros de gestión del Ministerio de Industria, puede que encabezados por el propio Miguel Sebastián, o al menos así se han interpretado sus declaraciones de esta semana sobre la posible buena salud de la gente de cincuenta años y los achaques de los veinteañeros. Garoña es una central de las medianas, con una potencia de entorno a los 500 Megavatios, más o menos la mitad de lo que representan Almaraz, Ascó, Vandellós u otras. Su cierre generaría la pérdida de bastantes puestos de trabajo, directos e indirectos, en al comarca burgalesa de Tobalina, donde se encuentra la central, a orillas del Ebro. Muchos de los empleos directos son de alta cualificación, sobre todo ingenieros dedicados al trabajo diario de mantenimiento de y control de la central. Las compañías eléctricas ya han anunciado que, de producirse el cierre, presentarán una demanda contra el estado por cuestiones relativas a la inseguridad jurídica y los costes de las inversiones realizadas que no podrán ser amortizadas en ningún caso. Como se ve, el asunto tiene bastante recorrido y, quizás por ello, ha sido silenciado en muchos medios, y, como otros tantos, es un debate serio que se ha hurtado a la población para mantenerla engañada y adormecida.
Bien, ¿y cuál es mi opinión al respecto? Creo que el titular es claro. Dejando de un lado la construcción de nuevas centrales, todas las ya existentes en España deben ver prorrogada su vida útil hasta el final de lo que puedan dar. No nos podemos permitir el lujo de cerrarlas al no tener una alternativa viable, y los días veraniegos de anticiclón encalmado muestran las debilidades de los molinos eólicos. Su cierre generará desempleo, pérdidas de inversión física y de capital humano, y un derroche en muchos sentidos. Si se hace se venderá como una medida progresista y ecologista, y puede que sea aceptada por la sociedad, pero, es mi opinión, sería un gran error.
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