Carlos Dívar debe dimitir

Causa o consecuencia, más lo primero que lo segundo a mi entender, la falta de ética y de responsabilidad de la sociedad en la que vivimos, y de cada uno de los que la componemos, es un factor decisivo en el devenir de la crisis que estamos viviendo. Todos los días observamos obscenos comportamientos en banqueros, dirigentes y demás personas relevantes que muestran hasta que punto la codicia, el poder y la irresponsabilidad ha prendido en lo más profundo de sus vidas, hasta llevarlas a la ruina moral. ¿Estamos seguros de que de estar nosotros en sus puestos hubiéramos actuado de diferente manera?

El caso de Carlos Dívar, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, el máximo órgano de control y gobierno de los jueces en España, es una muestra pequeña por su dimensión, pero enorme por su relevancia, de cómo algunos comportamientos que no son admisibles se han llegado a entender como lógicos entre los ciudadanos de este país. Se acusa a Divar de haberse ido bastantes fines de semana de viaje a Marbella, caribeños fines de semana que empezaban el jueves y acababan el martes, en lo que él llamaba jornadas de trabajo, con alojamiento hotelero de lujo, acompañante ocasional y cenas y comidas compartidas, todo ello abonado a cargo del presupuesto del CGPJ. El montante de gastos facturados de esta manera, según ha trascendido a los medios, se sitúe en el entorno de los 15.000 euros, lo que no es demasiado dinero, sobre todo si se le compara con lo que se está hablando respecto a Bankia y demás despropósitos, pero es mucho dinero, muchísimo. De hecho un euro de dinero público es mucho dinero porque no pertenece a quién lo gasta, sino a quien lo aportó, el ciudadano o contribuyente, que a través de sus impuestos cede parte de sus ingresos para que otros ciudadanos y contribuyentes los gestionen en beneficio del bien común. Y esas dos ideas, que el dinero público no es de quien lo gestiona, y que el gestor no es sino un mero administrador con contrato temporal para llevar a cabo su servicio público, no han cuajado en España. Nuevo, más bien se ha tratado de hacer todo lo posible para subvertirlas, y de ahí todos los casos de corrupción, nepotismo, fraude y desvío de fondos públicos que día sí y día también conocemos a través de los medios en todo tipo de instituciones y partidos. Dio Dívar una rueda de prensa en la que trató de justificar su comportamiento, reconociendo viajes públicos con componentes privados, pero adujo que el coste de las facturas era “miserable”, dando a entender que algo sí había pagado con dinero de la institución. Y es ese “miserable” el que determina hasta dónde llega el grado de corrupción consentida que Carlos Dívar, el presidente de los jueces, considera como suficiente. ¿Defraudar 15.000 euros al CGPJ es poco, y por tanto no es delito? ¿Y 30.000, empieza a ser ya una cifra respetable? ¿100.000? ¿Dónde pone Dívar el limite para considerar como no miserable la apropiación? ¿Por qué no es capaz de darse cuenta de que un euro, uno sólo, ya es demasiado? Porque como todo español, tenga cargo o no, asume que el dinero que gestiona le pertenece, que es libre de hacer con él lo que le plazca y que, nuevamente el Lazarillo, puede llevarse algo para su propio bolsillo siempre que el resto se lleve más y, por tanto, su robo no se note mucho. ¿Están los 15.000 euros por debajo de la media de lo que se llevan los demás miembros del CGPJ y, por tanto, es una cantidad “miserable”?.

A todo esto hay que añadir la obviedad de que Dívar es juez, y presidente de la más alta institución de responsabilidad de los jueces en España, detentando un cargo público que cobra mucho más que cualquier político y que posee inmunidad y prebendas cercanas a las del propio Rey. Más allá del posible delito cometido, el cargo que ostenta Dívar le exige mantener una ética en su comportamiento y actitud pública no sólo más allá de la duda, sino ejemplarizante. Por ello su situación es insostenible y, más allá de las explicaciones que debe ofrecer, debe dejar su puesto cuanto antes, por su bien y por el de la institución que preside.