SACYR, abierta en canal

Da para muchos juegos de palabras, pero tiene muy poca gracia todo lo que está pasando desde el 1 de Enero en Panamá en relación a las obras de ampliación del canal, uno de los proyectos de ingeniería más complejos de los que se están llevando a cabo ahora mismo en todo el mundo y, quizás, el de mayor relevancia comercial y económica, siendo el canal uno de los pasos fundamentales que permiten que las rutas navales, sobre las que se asienta la logística que nos permite vivir como lo hacemos, funcione correctamente. Desde principios de este año está claro, es lo único, que la ampliación no se terminará en este 201, como estaba previsto.

Sacyr, empresa española líder del consorcio internacional que ganó el concurso, denunció que los costes se habían disparado al ejecutar la obra debido a que habían surgido problemas que no habían sido advertidos por los adjudicatarios, el canal, el gobierno de Panamá. Estos costes, cifrados en unos 1.300 millones de dólares,  no estaban cubiertos por el presupuesto con el que se adjudicó la obra, bastante más de dos mil millones, y anunció que de no abonársele esta cantidad paralizaría las obras a partir del 20 de este mes de enero. Bombazo. El nerviosismo surge en las empresas y el gobierno, y a ello contribuye notablemente la destemplada, y en cierto modo lógica, intervención del presidente de Panamá., que tacha de ridículas esas alegaciones de Sacyr y convierte de facto el problema económico en una crisis diplomática de primer orden. Moncloa ordena que Ana Pastor, ministra de Fomento acuda rauda a Panamá para negociar con el gobierno local y las empresas, y tras el viaje de estos días se ha anunciado que se está en camino para llegar a un acuerdo sobre las compensaciones de los sobrecostestes, lo que traducido viene a querer decir que las empresas y el canal siguen enfrentadas y que las pujas están en todo lo alto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es difícil saberlo, porque aunque de repente los tertulianos de los medios de comunicación se han convertido en expertos en contratación internacional y en ingeniería de gran escala yo, modestamente, tengo poca información para saber quién tiene razón en este asunto, si las empresas o el adjudicatario. Sí se, por el trabajo que desempeño, que es una vieja tradición de la contrata pública en España acudir a lo que se denominan los modificados. El gobierno central, o el de una Comunidad Autónoma, saca a contrato la construcción de una carretera por X euros, y se presentan varias ofertas, en general por un importe menor a la cifra de referencia. Se adjudica a una de ellas, quizás a la más barata, o no, y mediada la obra el contratista alega que han surgido problemas y que hay que aumentar el presupuesto. Las partes acuerdan realizar una modificación del contrato original y, al final, la obra licitada por X que se adjudicó por menos de X acaba costando fácilmente 2X o más, todo ello con dinero público, y habitualmente con retrasos en los pagos de entrega. LA UE, que financia todas y controla muchas de las obras que se ejecutan con el FEDER, los fondos estructurales, con los que yo trabajo, está harta de este tipo de procedimiento, y ha penalizado muchas veces a España por esta causa, alegando que en el fondo los modificados suponen violar la ley de contratos, dado que lo que finalmente se ha financiado difiere tanto de lo estipulado en un principio que resulta ser una cosa muy distinta. Ligeras desviaciones son comprensibles, y las obras pueden complicarse por motivos variados, muchos de ellos ajenos a las partes implicadas, pero recurrir sistemáticamente al modificado para elevar los costes es una práctica muy típica en nuestro país, y me queda la duda sobre si no la estaremos exportando, en nuestro afán por internacionalizarnos.

De hecho, esta es la tesis que defendía la semana pasada McCoy en el confidencial, con el aval de que él emitió esa opinión en 2009, cuando la adjudicación se produjo, y mientras muchos brindaban con champán este analista compraba nolotiles por el dolor que iba a producir este contrato en el futuro. Sumen a ello que Sacyr es una empresa de trayectoria oscura, cuanto menos, en todo lo relativo a las relaciones con el poder político, que vivió su momento de gloria con aquella burda operación orquestada para hacerse con el BBVA para satisfacer las venganzas personales de quien llegó a ser Ministro de Industria, y que en estos días apenas ha dicho una palabra, dejando que sean unos ingenieros los que expongan sus argumentos. Los ejecutivos de Sacyr, tan bien pagados, deben comparecer, explicarse y defenderse. Cosas como estas son las que empañan y deslucen la marca España.