En medio del desastre
provocado por la pandemia una noticia de gran importancia se ha colado en los
medios, especialmente los económicos, y muestra las grietas que existen en el
armazón jurídico que sostiene la UE. Cada vez que el constitucional alemán se
pronuncia sobre alguna decisión de las autoridades comunitarias se hace el
silencio y se cruzan todos los dedos para que sus sentencias sigan dejando
pasar lo que la legislación de Bruselas dicta. Normalmente así es, pero hace
unos días ese sí esperado se tradujo en un no parcial, y un escalofrío recorrió
toda la UE y, especialmente, las primas de deuda.
En respuesta a una
demanda contra el programa de compra de activos desarrollado por el BCE durante
el mandato de Draghi, esa expansión cuantitativa denominada en la jerga QE y
que llegó tras aquel salvador “lo que sea necesario” de Don Mario, que acabó
por salvar el euro en sus horas más críticas, el
constitucional alemán ha dictado una sentencia en la que afirma que parte de
aquel programa es contrario a la constitución germana, porque mezcal política
monetaria y económica y supone, a juicio de los magistrados de Karlsruhe, una
financiación encubierta de los estados. Da un plazo de tres meses al BCE para
que alegue causas que justifiquen su comportamiento y amenaza con que el
Bundesbank alemán deje de participar en ese proceso de compras. Dado que ese
QE, reitero, es lo que salvó al euro y evitó que la crisis de deuda de 2012
arrasara con las economías de naciones como, por ejemplo, España, el que se
produzca una disensión respecto a aquellas medidas se vio como un grave
problema, porque el QE de entonces se va a quedar en casi nada respecto al programa
de compras pandémicas planteado hace pocas semanas por el BCE, con el objeto de
sostener las deudas soberanas de las naciones europeas, que van camino de
quedar sepultadas por la misma para poder hacer frente a los compromisos derivados
de la crisis del coronavirus. En su conjunto, el tema es complejo y muy
importante, y supone el choque de dos legitimidades, la nacional alemana y la
comunitaria. De cómo se dirima esta disputa puede quedar bastante claro hasta
qué punto la UE es un proyecto viable o no, y es que si la UE da su brazo a
torcer ante el constitucional alemán nada impide que otra nación que forma
parte de la misma interprete que algo en los tratados no le gusta y debe ser
modificado para adaptarse a su legislación nacional, y a partir de ahí llega el
acabose. He intentado leer algo estos días sobre el tema y la cosa es
complicada, con argumentos de todo tipo, algunos a favor de la interpretación alemana,
pero en general domina una corriente de opinión que se basa en el poder de la competencia
respecto a la legalidad nacional. Desde que uno firma la adhesión a un club se
compromete a seguir las normas que imperan en ese club, son competentes para
él, independientemente de lo que señale la normativa nacional, y si son contrarias
a las leyes del propio país no queda más remedio que acatarlas. La vía para
volver a hacer que la legislación nacional prevalezca es salirse del club, con
los procedimientos de salida establecidos. En un ejemplo similar, aunque puede
que si lee esto alguien de leyes me diga que no es así (sea benévolo el jurista
con mi ignorancia), no son pocas las veces que la justicia europea ha llevado
la contraria al tribunal Supremo español en temas de toda índole, y no ha quedado
más remedio que acatar la sentencia que ha venido de Bruselas, o de Luxemburgo
más concretamente, y es que España, como el resto de naciones de la UE, acuerda
al incorporarse al club que los tratados y la legislación comunitaria son parte
de su propia legislación, y que las disputas entre una y otra legislación le
corresponde dirimirlas al Tribunal de Justicia de la UE, no a ninguna instancia
española, por muy alto que sea su rango.
Este Tribunal de la UE
ya dictaminó hace un tiempo que la política de QE del BCE estaba de acuerdo con
los tratados y que, por tanto, era legal, y que todas las demandas en su contra
no estaban justificadas. El propio BCE, que ha dicho tomar nota de la sentencia
alemana, la ha considerado no válida en la práctica, amparado en el anterior
pronunciamiento del Tribunal europeo, y
mantiene sus programas de compra pandémicos. Sin embargo, es cierto, esta
sentencia es un problema, sobre todo por el hecho de que viene de Alemania, el
país con más poder en la UE, y su resultado deberá ser reconducido a buen
puerto, por el bien no sólo del BCE, sino de todo el proyecto europeo. Como
teníamos pocos problemas, pues uno más.
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