La mala pinta de Irlanda

Ayer fue otro de esos días claves, otra estación de penitencia en ese particular vía crucis que vive la periferia de la Unión Europea con su deuda y su capacidad para financiarla. Las presiones para que Irlanda solicite voluntariamente la ayuda de la Unión coinciden con la celebración hoy mismo del consejo de ministros de finanzas, el Ecofin, en el que lo más probable es que si Irlanda no se presenta como voluntaria la “nominen” como tal, dando inicio así al proceso de rescate. Se pondría en marcha, mucho más tarde de lo debido, un mecanismo inédito y de consecuencias desconocidas.

Y es que Irlanda está quebrada. Punto. Sus bancos privados, su hacienda pública y su sector exterior acumulan una deuda inasumible para el país. Por muchos recortes que hagan en salarios y demás sacrificios Irlanda no puede generar por sí misma el flujo de crédito necesario para pagar a sus acreedores. Y esos acreedores son de todo tipo, empresas privadas y gobiernos nacionales. Inversores minoristas y entidades financieras, gestores de fondos de pensiones, especuladores y todas las figuras que puedan imaginar. Cuando una empresa privada llega a esta situación, ahora llamada de manera eufemística concurso de acreedores, es el juzgado el que toma el control de la empresa para impedir que haya desfalcos y fugas de bienes y valores de la misma, y se establece un proceso de auditoria para saber cuánto patrimonio hay, a quién se le debe y, en función del orden establecido por la ley, cómo y cuanto se pagará a cada uno. Si no hay dinero para satisfacer a todos los acreedores se debe establecer una quita, cuánto se deja de cobrar de lo debido, y repartir las pérdidas entre todos, porque de donde no hay no se puede sacar. Evidentemente este proceso supone la destitución de la junta directiva de la empresa y el reconocimiento de su fracaso como gestores de la misma, exponiéndose a posibles consecuencias económicas y legales en caso de probarse una actuación de mala fe o de pura irresponsabilidad. Más o menos es a este escenario, muy simplificado respecto al real, al que nos enfrentamos. La Unión Europea haría el papel de juzgado mercantil que intervendría la economía irlandesa, dejando al gobierno actual del país en una posición de mero administrador dependiente de Bruselas. Se realizaría una evaluación de las deudas existentes y de los deudores, algo que prácticamente se conoce a nivel público pero que aún dista de saberse del todo en lo que hace a los balances de los bancos irlandeses. Como antes he dicho, no hay recursos en la isla esmeralda para pagar a todos, por lo que se deberá establecer una quita, una renuncia al cobro, que como ha defendido Alemania, debiera afectar tanto a deudores públicos como privados, que a estos efectos deben ser tratados como iguales. La Unión debe decidir también, ante al falta de fondos en el estado irlandés, si afronta los pagos de la deuda con recursos del resto de países, haciendo así realidad el famoso fondo de rescate creado con motivo de la crisis griega de Mayo que en realidad no era más que un compromiso, o declaración de principios. Y todo esto se debe hacer sin que haya ley concursal de por medio que dicte como gestionar la quiebra, sin experiencia previa de cómo hacerlo y tras muchos meses de espera diletante, que sólo han servido para empeorar las cuentas de la isla.

Además, cómo en el caso privado, la asunción del estado de quiebra por parte de las autoridades irlandesas supone la admisión del fracaso de su política y, de facto, la cesión de la soberanía nacional a un organismo, la Unión Europea, no dotado de legitimidad democrática. ¿En qué papel quedarían la constitución y las leyes irlandesas? ¿Se suspenderían durante un tiempo? En realidad el problema irlandés está a punto de empezar, esta es la semana de su derrumbe, como el de Lehman Brothers. Y por lo visto Portugal está a la cola de los necesitados, y España no es Grecia, ni Irlanda ni Portugal, pero cada vez se parece más…. Atentos a esta semana.