Quizás no sea consciente, pero esta media noche ha concluido el primer plazo oficial de la campaña electoral de las municipales del 22 de mayo. Gracias a la reforma de la ley electoral, la de ayer fue la última jornada anterior a ese día de votaciones en la que los políticos podían inaugurar cosas, para que esos actos no formen parte en sí de la campaña y de los mítines y acusaciones típicas. Ello ha provocado que este fin de semana se hayan corrido placas, descubierto monumentos, abierto carreteras y puesto primeras piedras como nunca. ¿Creen ustedes que estas tonterías sirven para obtener votos? Lo dudo mucho.
Sin embargo, los cambios más polémicos de esta normativa son los relativos a la información de las campañas, especialmente el que obliga a los medios privados (televisiones) a realizar su información electoral en proporción a los resultados de las elecciones pasadas, como hasta ahora era obligatorio sólo para TVE. Si ustedes recuerdan los presentadores de los telediarios de TVE, antes del bloque informativo de campaña, suelen colar una entradilla avisando que se ha elaborado siguiendo esa proporción por imperativo legal, pero en contra de los principios informativos de la casa y con la oposición de sus profesionales. Si es polémico, aunque argumentos hay, que un medio público deba respetar esas proporciones, me parece intolerable que esa restricción se extienda a medios privados, que pueden, deben, y de hecho la tienen, una línea ideológica que es legítima, coherente con los postulados de quienes allí trabajan y, sobre todo, les pagan. Caricaturizando las cosas, si La Sexta sólo quiere informar de lo que haga el PSOE puede hacerlo, y si Antena 3 sólo cuenta cosas del PP, pues lo mismo. Esta normativa es una solemne estupidez, que los medios debieran negarse a cumplir y denunciar ante el Tribunal Constitucional, o al que corresponda, por entender que vulnera su derecho a la libre opinión y el derecho a la información de los televidentes. Lo que pasa es que los medios llevan ya mucho tiempo transigiendo con los políticos, probablemente esperando cobrar esos favores, y han vendido parte de su alma a esos partidos que nos gobiernas pero no nos representan. La primera gran bajada de pantalones se produjo en al primera rueda de prensa en la que el compareciente no aceptó preguntas y nadie protestó, y desde ahí han llegado innumerables “ruedas” de este tipo donde la prensa no era más que un figurante. Ha habido intentos de plante, pero no han funcionado, sea por el individualismo de la profesión o por las luchas cainitas que se suceden en su seno. El siguiente error, más reciente, es admitir que los mítines y encuentros de los partidos sean cubiertos por la llamada “señal institucional” que no es otra cosa que la productora que el partido ha contratado para grabar el acto, que edita las imágenes que le interesa y se las pasa, ya cerradas, a los medios. En este caso ni se permite el acceso de cámaras o periodistas a ciertos actos, y por ello lo que de estos encuentros se retransmite no es más que burda y barata propaganda.
Todo esto es el mundo al revés. Debieran ser los periodistas los que fiscalizasen y controlasen a los políticos, y no lo que la norma española pretende. De hecho, llevándolo al absurdo, existe el riesgo de que no se celebren debates electorales porque los candidatos estarían obligados a minutar sus intervenciones en función de esos pasados resultados, en todas las cadenas, y no habría líder opositor que se prestase a ese juego. Es absurdo, pero sobre todo es un atentado contra la libertad de expresión y comunicación. La partitocracia española se está cargando, poco a poco, el régimen constitucional, y esto es más serio de lo que parece. ¿Por qué los medios no se rebelan? ¿Tanto dependen de la subvención pública?
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