Hoy tiene lugar en mi edificio la
reunión de la Red de Iniciativas Urbanas, una asociación de ciudades
beneficiarias de la inversión de los Fondos Estructurales de la UE que se
juntan para debatir sobre el estado de sus proyectos en curso y futuras actuaciones.
Como tendré que estar en esa reunión gran parte de la mañana el acto me sirve
de excusa para comentar la propuesta de reforma de las administraciones locales
que se presentó en el Consejo de Ministros del Viernes, reforma que creo bien
intencionada, pero que falla en tres aspectos: Dimensión, competencias y financiación.
Dimensión, porque en España
sobran ayuntamientos. Cerca de ocho mil quinientos son los que se encuentran
ahora mismo constituidos, algunos de inmensas dimensiones, como el caso de Madrid
o Barcelona, demasiados con poblaciones inferiores a los mil habitantes. Se
hace necesaria una reordenación de ese mapa administrativo, unificando
municipios colindantes, fusionándolos y, de esta manera, reduciendo el número
de concejales de las nuevas entidades, ahorrar en costes de funcionamiento y generar
economías de escala. Creo que los alcaldes y concejales deben cobrar, pero para
reducir el gasto en esas partidas lo lógico es reducir el número de “cobrantes”,
no determinar que no cobren. Esta idea de la fusión, revolucionaria, ya se está
llevando a cabo en otros países rescatados, y aquí deberá efectuarse tarde o
temprano. El segundo punto son las competencias. La reforma trata de aclarar
cuáles son las competencias que corresponden a ayuntamientos y cuáles a las
CCAA, loable y necesario, pero mantiene en vigor la figura de las Diputaciones
Provinciales, encargadas de llevar a cabo las labores asignadas a los
ayuntamientos que éstos, por motivo de dimensión o recurso, sean incapaces de
desarrollar. Esto no tiene lógica. Fíjense que parte de ese problema lo
solucionábamos con la medida anterior, porque al unificar municipios la
capacidad de actuación del ente resultante, mayor, cubre las necesidades que
antes no se podían llevar a cabo por parte de las entidades más pequeñas, pero
es que teniendo ya definidos un nivel local y otro autonómico, ¿para qué
necesitamos el provincial? Las diputaciones deben desaparecer, porque se han
quedado obsoletas y carentes de sentido desde que se crearon las CCAA. A
excepción de las diputaciones forales vascas, que tienen un régimen muy
especial, el resto de las españolas debieran ser desmanteladas y sus
atribuciones ser otorgadas a las CCAA de turno, produciéndose ahí un ahorro
considerable, una eliminación de burocracia innecesaria y una clarificación
absoluta de competencias, porque lo que no es del ayuntamiento es de la CCAA, y
viceversa, sin que haya un organismo extraño de por medio. El tercer asunto es
la financiación local, el gran problema. Y es que los ayuntamientos sufren un
endémico problema de falta de financiación, porque los impuestos y tasas que cobran
no cubren en lo más mínimo los presupuestos municipales. Durante años se han
recurrido a transferencias de órganos superiores, CCAA y Gobierno central, el
endeudamiento con bancos y cajas y, sobre todo, el uso de la política del suelo
para obtener ingresos fáciles e instantáneos. La burbuja inmobiliaria lleno las
arcas municipales con un chute de dinero que se transformó en enormes y, en gran
parte, inútiles infraestructuras que, una vez pasado el boom, malviven en
estado latente, algunas sin terminar, otras clausuradas, las más abandonadas.
Dado que la burbuja no va a volver la financiación local vuelve a estar
sometida a un grave estrés que le impide prestar los servicios que le competen.
¿Cómo arreglar este grave problema? No se sabe.
En definitiva, y aunque bien
orientada, creo que la reforma local peca de timidez, de falta de ambición. En la
situación límite en la que nos encontramos el gobierno está ante una gran
oportunidad de modernizar la estructura de gestión local, adaptándola al siglo
XXI, y dejando atrás muchas de las rémoras que provienen de una demarcación y
forma de trabajo del siglo XIX que es, a todas luces, obsoleta e ineficiente.
Esto generará disputas, enfrentamientos y polémicas, sin duda, pero esas
situaciones se van a dar de todas todas. Al menos que sea por una reforma
profunda y audaz, no por un tímido intento que pueda quedarse en muy poca cosa.
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