Durante mi semana de vacaciones
se presentaron las balanzas
fiscales elaboradas, por encargo del Ministerio de Hacienda, a un equipo
dirigido por Ángel de la Fuente, economista experto en política regional y
que es muy bueno y sabe mucho de lo suyo (he trabajado un poco para él, hemos
hablado y esa es la sensación que me ha transmitido). Las balanzas pretenden
medir la diferencia que existe entre lo que se recauda en una Comunidad
Autónoma y lo que se gasta en ella, para ver si existe un tratamiento fiscal
injusto entre unas y otras. Obviamente, existe una diferencia de trato y, en
general, es muy justa.
Esta metodología, esta manera de
analizar los ingresos y gastos, es falaz, no tiene mucho sentido económico y se
basa en un supuesto de partida que es profundamente erróneo e injusto, el medir
lo que aportan los territorios, cuando los territorios no aportan nada. Los
impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas que están en un lugar
determinado, y será el número y renta de los contribuyentes los que determinen
lo que se haya recaudado en el lugar. Para los nacionalistas de todo tipo es el
suelo, la tierra, la que recibe y paga, y los nombres que se le hayan dado
(Cataluña, Bizkaia, Mondoñedo, Peralejos de las Truchas, etc) son el sufriente
sujeto pasivo del impuesto o el receptor de la inversión. Y esto no es así. El
resultado del trabajo de Ángel de la Fuente y su equipo puso de manifiesto que,
por
regla general, las comunidades en las que reside gente con mayor nivel de
renta, personas más ricas, son aquellas en las que se recaudan más impuestos y,
por tanto, sufragan los servicios de las personas que tienen menos renta y que
viven en otros territorios. Como las comunidades donde más ricos viven son
Madrid y Cataluña serán estas las que tengan mayor “déficit fiscal” lo cual es
tan obvio como falaz. Si el sistema impositivo es progresivo tiene toda la lógica
del mundo que allí donde se concentren las rentas se genere mayor recaudación,
lo cual sirve para que los dirigentes de esas comunidades se enreden en su
bandera y clamen al cielo por su injusto tratamiento, cuando lo que dice el análisis
es que son los que presiden los territorios donde hay más ricos y, por tanto, menos
impuestos quieren pagar. En fin, la eterna queja de los que tienen respecto a
los que no. Para ver que este análisis no tiene sentido podríamos hacerlo
cambiando la configuración espacial del mismo. Cojamos, por ejemplo, la
Comunidad de Madrid, y consideremos cada municipio como si fuera una CCAA.
Seguro que el estudio concluye que los municipios con más renta son los que financian
a los que menos tienen (¿eso implica que existe un agravio fiscal sobre Pozuelo
de Alarcón, el de mayor renta per cápita de la región?). O centrémonos sólo en
la ciudad de Madrid, en los agraviados residentes del barrio de, por ejemplo,
Salamanca, en donde se recaudarán muchos más impuestos que en Villaverde Alto y
Bajo. Qué vergüenza el agravio que sufren los residentes de las manzanas
salamanquesas, ¿verdad? ¿Nos uniremos a sus manifestaciones reclamando un “pacto
fiscal” que ofrezca una igualdad de trato impositivo a esos pobres grandes
contribuyentes frente a los aprovechados del sur de la ciudad que tan poco
aportan? Como verán el argumento no tiene ni pies ni cabeza, y a medida que uno
va cambiando el ámbito geográfico del estudio se puede encontrar con
situaciones similares y presuntos agravios que no hacen sino reflejar la
desigualdad de la distribución de la renta y la progresividad fiscal del
impuesto (y todo ello si no se producen evasiones a lo Pujol, claro está).
Lo que si detecta el estudio de de la Fuente es
que existe una gran excepción a esta norma, una distorsión, que es la que se
vive en el País Vasco y Navarra, en donde gracias al concierto económico, al
tributación en esas regiones, donde la renta per cápita es muy superior a la
media nacional, apenas aporta nada a la caja común y, por tanto, sus ciudadanos
están mucho mejor financiados que el resto. Son, por así decirlo, ricos con
impuestos comunes bajos, al no haber ese proceso de transferencia que les detrae
renta. Es una situación anómala, producto del pasado, que la Leu, empezando por
la Constitución, reconoce, pero que no tiene mucho sentido hoy en día y que,
desde luego, es imposible de extender a otras regiones ricas. Aunque los
pudientes que viven en ellas lo pedirán de manera insistente, y algún caso se
les hará.
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