El
whastapp que pillaron a Ignacio Cosidó alardeando de cómo el pacto PP PSOE
permitiría a los primeros controlar una de las salas del Supremo ha sido la
puntilla que ha rematado el crédito de un Tribunal, el más alto, que pasa por
las horas más bajas desde que se constituyó. El infame chalaneo que orquestaron
los dos grandes partidos para repartirse las sillas del alto tribunal, con el
acuerdo tácito de Podemos si sacaba algún botín, ha quedado destrozado por la
mera estulticia de los necios, a los que no bastaba con vejar una institución,
sino que encima debían alardear de ello, presumir, chulear como vulgares que
sujetos que son de lo que han arramplado. No le s ha podido la codicia, sino su
simple y absoluta necedad.
Ha
tenido que ser un hombre justo, Manuel Marchena, el propuesto como presidente
del Supremo, el que diga que todo esto es insoportable, y haya renunciado a
presidir nada de nada. En su carta de dimisión, emitida ayer a muy primera
hora de la mañana, mientras un tren descarrilaba en Cataluña y la justicia
hacía lo mismo en el palacio de las Salesas de Madrid, Marchena deja muy claro
que él es juez, no es político, que no se presta a manipulaciones o control por
parte de aquellos que creen que todo es utilizable para sus fines, que no se va
a dejar ensuciar por el juego indecente de los trileros que se visten de
responsables gestores de la cosa pública, y que no cuenten con él para cargos y
prebendas, de muy alta distinción, ensuciadas en el fango de la política. El
texto de Marchena debiera ser enmarcado y figurar en colegios, paradas de
autobús y marquesinas callejeras, para que todo el mundo pudiera leer y a
alguno se le cayera la cara de vergüenza, pero a sabiendas de que no sería
efectos para aquellos que ya no tienen ni cara ni asomo de vergüenza alguna. PP
y PSOE cocinaron a oscuras un pacto que, como en ocasiones anteriores, buscaba
cubrir las espaldas mutuas en caso de que alguna de ellas tuviera encontronazos
judiciales, bien por procesos que afecten a algunos de los dirigentes de ambos
partidos o por intereses más oscuros, relacionados, y no solo, con el tema
catalán. Otorgar cargo como precio para comprar voluntades, algo que funciona
de maravilla en las cúpulas y estructuras de los partidos, que callan la
disidencia, incluso diríase que el pensamiento, con coches oficiales, sueldos públicos
y dádivas tan generosas como cleptómanas. La colocación que ha hecho Pedro Sánchez
de todos sus fieles en posiciones relevantes, y muy bien pagadas, desde su
llegada al poder es el último ejemplo de este proceso. La carne es débil, y
varios miles de euros y el respeto adulador de los demás hacia el poder
ablandan cualquier tipo de discrepancia y oposición interna, convirtiendo a
antiguos enemigos del partido en los más leales colaboradores y ejecutantes de
las políticas que surgen de la preclara mente del líder, antaño sujeto a críticas
feroces, hoy colmado de alabanzas desde el recién estrenado despacho oficial. Pero
mira por donde, de vez en cuando, como islas en el Pacífico, surgen personas íntegras,
que poseen ideas y valores, sujetos a los que un cargo y un sueldo no compra,
ciudadanos que han trabajado para hacerse una carrera profesional y no han
crecido en la corte de pelotas y babosos que llenan todos los centros de poder
que en el mundo existen, y se rebelan. No aceptan ser comprados, no se pliegan
ante el dictado de un poder al que no otorgan legitimidad en función de sus
sucios actos, y se convierten en seres apartados, incomprendidos, insultados,
vilipendiados, orillados, ridiculizados. Apenas dos o tres de los más de
ochenta que tuvieron acceso a las black de CajaMadrid Bankia renunciaron a
poseerlas por considerarlas irregulares, una valiente fue la que denunció el
escándalo de Acuamed y le ha costado la salud y la vida profesional, y un juez
ha dicho que no ante el conchabeo orquestado entre bambalinas entre quienes no
piensan en otra cosa que en proteger las vergonzosas acciones que no dejan de
realizar día sí y día también.
Podemos
tirar edificios, sabemos cómo reconstruirlos y que en pocos años vuelvan a
erigirse en el horizonte, pero volver a levantar instituciones después de haber
destrozado su prestigio es mucho más costoso, lento y, en ocasiones, prácticamente
imposible. Lo que han hecho el PP y el PSOE con el Supremo es un caso de, así
lo pienso, alta traición a la democracia y de absoluta irresponsabilidad ante
la sociedad española. Populistas de todo tipo tienen en este asunto gasolina
abundante para carburar sus sucios motores y pregonar la indecencia cometida,
que ansían repetir aún con más saña si son capaces de alcanzar el poder. Sánchez
y Casado debieran dimitir después de lo sucedido, leer en público la carta del
juez Marchena, y tras ello no volver jamás a la escena pública.
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