En defensa del Banco de España

Tras la desastrosa gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España, en su papel de supervisor del sistema financiero local (cajas especialmente) durante la crisis de 2008, el prestigio de la institución quedó tocado. El caserón de la calle Alcalá ha tenido gobernadores de primera división como Luis Ángel Rojo y desastres como MAFO, de todo hay en la vida. Sin embargo, su servicio de estudios sigue siendo de los mejores del país y emite informes en los que la rigurosidad está probada y el uso de las técnicas que la profesión económica considera como las más fiables es constante. Son de lo mejorcito que tenemos.

A cuenta de la decisión tomada por el gobierno antes de la pandemia de subir el salario mínimo en un porcentaje muy elevado, decisión que suscitó muchas reacciones, críticas y favorables, el Banco de España ha elaborado un estudio sobre las consecuencias de dicha subida en el mercado laboral español, mediante análisis de datos, usos de escenarios contrafactuales y otras técnicas para saber qué consecuencias ha tenido, porque medir los efectos de una política es la única manera de poder valorarla, todo lo demás es demagogia. De manera muy resumida, son dos las principales conclusiones de este trabajo. Una es que las rentas de los perceptores de la subida se incrementaron de manera significativa y, con ellas, su consumo, por lo que se produjo un estímulo de la demanda. Una pequeña parte de ese incremento de salarios acabó revirtiendo en la caja pública como mayor recaudación de impuestos y otra porción sirvió para incrementar la demanda agregada. Esto es concordante con lo que dice la teoría, que señala que la propensión a consumir es mayor en las rentas bajas y la del ahorro crece con las propias rentas, de tal manera que un incremento de salario se traducirá mucho más en consumo que en ahorro cuanto menor sea el salario base del que partimos. La otra conclusión del estudio es que la capacidad de creación de empleo de la economía española hubiera sido ligeramente superior si esa subida no hubiera tenido lugar. Es decir, en ese momento de crecimiento económico en el que se puso en vigor la medida se podía haber creado algo más de empleo si la subida hubiera sido menor. Este efecto se da, sobre todo, en sectores que presentan debilidades en el mercado de trabajo, como son los mayores y los jóvenes, sometidos a problemas distintos pero que se acaban traduciendo en forma de precariedad e incertidumbre en sus contratos, si llegan a tenerlos. Con estos datos sobre la mesa ayer se produjeron muchas reacciones políticas que los valoraron. Ambos ofrecen argumentos a los que, en su día, defendieron la subida y la criticaron, cosa que pasa muchas veces en economía. Lo que muestra el estudio, en el fondo, es que, como pasa muchas veces, una medida de política económica genera ganadores y perdedores, sectores y grupos de personas que se ven beneficiados y otros que no. Es muy difícil establecer medidas que beneficien a todos, siendo, ay, mucho más sencillo, hacer cosas que sí que sean perjudiciales para casi todos, pero en general la política económica supone un constante ejercicio de elección entre alternativas, entre beneficiados y perjudicados, y todo en un momento del espacio y del tiempo dado, porque los beneficiados de hoy pueden ser los perjudicados de mañana y viceversa. Por eso es difícil tomar decisiones en estas materias, las ideologías condicionan muchas de las medidas que se toman y los sesgos, imposibles de evitar, están detrás de unas y de otras posturas, tanto las que deciden como las que valoran la decisión. Estudios como este son muy útiles, no sólo porque ponen números a unas percepciones, sino porque nos dicen cómo la medida afecta a muy distintas facetas de la economía. Y sabiendo eso, el decisor político debe escoger qué hacer, a quién favorecer más o menos, a quién perjudicar menos o más. Esa es su decisión y responsabilidad.

Que ayer algún impresentable desde la tribuna del Congreso saliera con un discurso más propio de una dictadura bananera queriendo atizar al Banco de España por la realización de este estudio sólo revela la nulidad intelectual de quien esas palabras necias arrojó a la tribuna. Afortunadamente fue una voz minoritaria, que no fue tenida en cuenta ni por los miembros de su formación política que forman parte del gobierno, pero es seguro que Pablo Fernández de Cos, actual gobernador, debió sentirse molesto al escucharlas. Hombre técnico, sensato, moderado y preocupado por su país, no deja de reclamar día tras día que son necesarios consensos para abordar reformas que tendrán costes, sí, y beneficios futuros. Su mensaje, que otro técnico como Drgahi puede intentar llevar a cabo en Italia, choca con nuestra nulidad política. Y ante eso poco puede hacer un informe.