Condenar a la ciencia es una injusticia

Esta semana ha habido dos noticias relacionadas con los terremotos que tienen mucha enjundia, por motivos muy distintos. Hoy no puedo centrarme en una de ellas, pero es apasionante la conclusión a la que han llegado unos científicos, que afirman que la sobreexplotación del acuífero subterráneo aumentó los efectos del terremoto que sacudió Lorca hace ya año y medio. Sin ese factor el terremoto se hubiera producido, siendo como es una zona sísmica activa, pero hubiera sido de menores dimensiones, causado menores daños y. ojalá, menos víctimas mortales. El asunto merece seguirse con atención.

La otra noticia, fechada en Italia, y relacionada con el terremoto que asoló la ciudad de L’aquila hace unos pocos años, no tiene nada que ver con la ciencia y sí con al incultura, el prejuicio y el oscurantismo. Un tribunal ha condenado con penas de seis años de cárcel a un grupo de científicos por no haber alertado a la población del riesgo que corría. La pena que les ha caído encima es de homicidio involuntario. Así, como suena. Se ampara el juez en que días antes, los científicos dictaminaron que el riesgo sísmico de la zona no era lo suficientemente grave como para esperar un movimiento de gran intensidad, y que eso dio una falsa sensación de tranquilidad a la población y agravó las consecuencias del temblor que se vivió en la zona pocos días después. Reconozco que tuve que leer varias veces la noticia, en este y otros medios, para darme cuenta de que esto era así. Inaudito. Y a la par que mi asombro crecía mi indignación al ver como una sentencia de corte inquisitorial, propia de la edad media, se había dictado en un avanzado país de la llamada Unión Europea en el año 2012, y no se muy bien ni como canalizar esa indignación sin que yo acabe siendo sentenciado, acusado de desacato, falta ante la autoridad y lenguaje soez. Resulta que se ha condenado a las únicas personas que velan y trabajan tratando de averiguar cuándo, cómo y dónde se va a producir un terremoto, y que dejan su vida profesional y personal delante de unas pantallas e instrumentos para averiguar todo lo que se pueda sobre esos peligrosos fenómenos que, por su propia naturaleza, son impredecibles. No se ha condenado a los constructores que, a buen seguro, se saltaron la normativa de construcción antisísmica y edificaron bloques de pisos que se fueron abajo con demasiada facilidad, atrapando a sus residentes, ni se ha condenado al ayuntamiento o gobierno regional que, más que probablemente, permitió esas edificaciones descontroladas, y no organizó planes de evacuación en caso de terremoto, ni fue capaz de ofrecer asistencia a las víctimas cuando el evento se produjo, ni a comenzado aún en serio las labores de reconstrucción de la zona. Desde luego no se ha condenado ni a Berlusconi ni a ningún otro miembro de su gobierno, que al poco del temblor se paseó por la zona para hacerse unas fotos y que nunca volvió ni movió un euro para ayudar a los damnificados. No, no, se ha condenado a unos científicos, los eslabones más débiles, los menos poderosos, los más pobres y pringados, para que sirvan de chivo expiatorio y todos los demás miembros de la sociedad y gobierno italiano, en sus más diversas variantes, salgan indemnes de semejante desgracia. Es vergonzoso. Y una muestra de incultura y superchería digna de una época oscura, llena de brujería, maledicencia, ocultismo y superchería. Sólo la ciencia es capaz de estudiar un fenómeno como el de los terremotos, y sólo con el trabajo de profesionales como los condenados se podrá llegar a salvar vidas en el futuro, pero acusarlos de haber provocado las consecuencias del terremoto es, simplemente, una estupidez.

Los terremotos, por definición, son sucesos imprevisibles, y lo único que es seguro es que donde se han producido varios, más tendrán lugar. Es un fenómeno complejo, difícil de estudiar y que requiere que se “produzca” para averiguar su funcionamiento. No es algo lineal y determinista, sino complejo y de muy difícil modelización, como sucede con la meteorología o la economía. Esa sentencia desacredita a quién la ha emitido y a la sociedad que la acoge, que es la nuestra. Varios responsables de investigación geológica y científica de Italia han dimitido al conocerse la sentencia, alegando lógicamente que pone en riesgo su trabajo de investigación y les sitúa en una posición pública imposible de sostenerse. Desde aquí les envío todo mi apoyo, y mi más profundo desprecio ante esa sentencia inculta y, sobre todo, injusta.