Bancos españoles, bancos italianos

El caso del Banco Popular va a colear durante mucho tiempo, especialmente por las demandas interpuestas por los miles de accionistas, arruinados tras su quiebra, pero lo que ocurrió en torno a su liquidación y adjudicación al Santander fue vendido, no sin razón, como el primer éxito del Mecanismo Único de Resolución bancaria, MUR, una estrategia para abordar las crisis de este tipo, conformada por procedimientos e instituciones, que buscan dos objetivos principales. Garantizar la estabilidad del sistema financiero, haciendo frente a liquidaciones bancarias si es necesario, y que éstas no cuesten un euro al erario público, frente a lo que pasó con las entidades de la crisis surgida tras 2008.

La solución al Popular cumple con todos esos principios. Su resolución no ha afectado al conjunto del sistema financiero español, menos al europeo, depositantes y ahorradores no han visto en peligro sus cuentas en ningún momento, los paganos de su gestión han sido los accionistas y bonistas no senior, los que arriesgaron su dinero invirtiendo en la entidad, y el coste para el erario público ha sido de cero euros, dado que la entidad absorbente, el Santander, hará frente a la pérdida esperada del Popular con una ampliación de capital a la que acudirá dinero privado. Todo suena bien. Queda por aclarar, que no es poco, cómo llegó la entidad hasta el precipicio, pero una vez en él lo sucedido parece coherente. Y así estábamos hasta que este fin de semana Italia vuelve a poner sobre la mesa que el MUR es una mesa bastante coja. Dos entidades medianas de aquel país, la Banca Popolare di Vicenza (BPDI) y el Veneto Banca (VB) han sido adjudicadas por el simbólico euro a uno de los grandes bancos italianos, el Intesa San Paolo, en una operación que se parece bastante a la del Popular, si no fuera porque en este caso SÍ se ha producido una ayuda por parte del gobierno italiano, tanto a través de una inyección directa de fondos públicos, 4.800 millones, como por la creación de un sistema de avales de hasta 12.000 millones. Este sistema de resolución bancaria se parece bastante más a un rescate de los antiguos, a una operación “cajas” a la española de hace unos pocos años, e implica dos cosas importantes. Una es que los contribuyentes italianos, sean o no clientes de las entidades involucradas, harán frente a las pérdidas originadas por ellas, como pasó en España con los casos de Bankia, Caixa Catalunya y otras tantas, con la indignación popular que sin duda recuerdan en sus mentes y bolsillos. La otra consecuencia trascendente es que el MUR europeo ha sido arrinconado a las segundas de cambio, si se me permite la expresión, dado que a las primeras fue utilizado en el caso del Popular. Los accionistas y bonistas del Popular, arruinados, observan cómo los accionistas y bonistas de estas dos entidades italianas no van a perder sus inversiones gracias a la inyección de dinero público, y aunque es previsible que sus carteras se deterioren, los italianos tienen margen para vender, operar y, aún en pérdidas, salir de la entidad si así lo desean, cosa que no pasó aquí. Por eso desde el domingo se oyen voces, gritos en algunos casos, que claman al cielo sobre el injusto trato que se le ha dado al banco español y el privilegiado que han recibido los bancos italianos. Bruselas lo niega todo, no le queda otra opción, pero sin duda observa con preocupación que todo el mecanismo del MUR, testado con eficacia en el caso del Popular, puede ser cortocircuitado si los gobiernos nacionales así lo deciden en cada caso. ¿Ha preferido Roma la polémica difusa del rescate colectivo frente a la bronca concentrada en los inversores de las entidades? ¿Alguno de esos inversores era “relevante”? ¿Habría actuado el gobierno italiano de otra manera ante otra entidad? ¿Habría podido Bruselas forzarle a ello?

Si quieren mi opinión, y sin entrar en el tema de fondo sobre lo que ha llevado a las entidades al borde de su quiebra, la aplicación del MUR y la solución “Popular” me parecen la más justa frente a la italiana, sobre todo porque sólo hacen frente a los costes quienes invirtieron en las entidades, lo que se denomina un rescate “bail in”. Creo que un rescate público, lo que se llama un “bail out” sólo es justificable cuando, por la dimensión de la entidad, las consecuencias de su derrumbe puedan ser peligrosas para la economía nacional, y no era ese el caso en ninguna de las tres entidades comentadas. Los accionistas del Popular pueden sentirse agraviados por lo sucedido, quizás con razón, pero como contribuyente, prefiero mi situación a la de los italianos. Parafraseando el clásico final, nada es perfecto.