Eso
de la seguridad jurídica, como el aire, sólo da problemas cuando falta, y puede
convertirse en letal su ausencia para el devenir de la economía y la sociedad.
Crear un sistema capitalista de mercado exige, entre otras cosas, reglas
claras, e instituciones que las cumplan y hagan cumplir. En ausencia de estas
reglas puede desarrollarse una economía, pero de otro tipo, plagada de
ineficacias, injusticias y ausente de crecimiento real y sostenido. Lo que hizo
el Supremo el jueves y viernes es una chapuza de enormes dimensiones, que abre
otra vez en canal el mercado hipotecario y pone en un brete a todos los que en
él trabajan y de él echan mano para comprar inmuebles. Pase lo que pase, el
desastre ya está hecho. Falta por conocer su completa dimensión.
El
jueves una sentencia del alto tribunal declaraba que es el banco (entidad
financiera en general) el que debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, que se incluye entre los gastos de la constitución de la
hipoteca. Este impuesto, una cosa puesta por el gobierno en medio del trámite
hipotecario para sacar dinero, oscila entre el 0,5% y el 1,5% de la cuantía
solicitada como préstamo, cifra determinada por la CCAA en la que se realiza el
acto hipotecario y que es ingresada en la cuenta de la CCAA vía Hacienda. El
argumento del supremo es, en principio, bastante coherente. La excusa de ese
impuesto es la de gravar la constitución de la hipoteca en escritura pública y
el trabajo de notarios y registradores al respecto. Y esos actos jurídicos
tienen mucha relevancia en caso de impago de la hipoteca por parte del
particular, porque son los que permiten al banco proceder al alzamiento del
inmueble o a la persecución financiera del moroso. Si el pago es correcto, esos
actos jurídicos quedan sumidos en la oscuridad y no son utilizados por nadie,
por lo que en principio es el banco el más interesado en que se lleven a cabo y,
por tanto, debiera pagar esos costes, que hasta ahora corresponden al
solicitante de la hipoteca. Esto implicaría que los bancos debieran devolver
los importes cobrados, sin que ese mismo jueves quedara claro el alcance
retroactivo de la medida (había opiniones de todo tipo) pero en todos los
escenarios las cifras de perjuicio para los bancos se medían en miles de
millones, pocos o muchos. La banca lo pagó en bolsa y su capitalización cayó en
más de cinco mil millones. El viernes seguía la discusión entre expertos sobre
cómo proceder a reclamar y el palao de retroactividad y el Supremo, en una
decisión inédita, ordenó parar el reloj y reunir a la sala de Contencioso
Administrativo para ver los efectos de la sentencia y determinar si esta era
realmente válida o no. Un ligero rebote de la banca en el Ibex, sensación de
perplejidad de todo el mundo, y el caos desatado. ¿Qué es esto de que una sentencia
firme debe ser estudiada? ¿Qué sucede con las hipotecas que se firman, por
ejemplo, hoy? ¿Qué condiciones deben ofrecer los bancos para sus clientes?
Cuestiones mil que el viernes por la tarde llenaban foros y redes sociales y
que nadie podía contestar, aún no es posible, en una perfecta definición de lo
que es inseguridad jurídica. Desde el viernes por la tarde las webs de los
bancos no ofrecen información sobre hipotecas, ofertas y condiciones de las
mismas, los particulares no saben lo que deben hacer, aunque quieran no pagar
ese impuesto, y registradores y notarios están atados de pies y manos, sin
poder firmar nada seguros de que vaya a ser real o no. ¿Cuánto va a tardar el
Supremo en reunirse y aclarar todo esto? En la práctica, su vaivén ha bloqueado
el mercado hipotecario español y, por extensión, el inmobiliario, frenándolo en
seco. A buen seguro hoy se producirán cancelaciones o aplazamientos de firmas
ya programadas, y las consecuencias económicas de todo esto pueden ser
intensas, afectando a particulares y empresas, financieras y no. El panorama
es, como pueden ver, desastroso.
¿Qué
va a pasar? No lo se, pero sea cual sea la decisión del Supremo, ha perdido
parte de su prestigio y ha abierto la puerta para que la banca pierda parte de
lo que se ha ahorrado estos años. Tanto si ratifica la sentencia como si la
enmienda del todo o se queda en un punto intermedio, asociaciones de particulares
recurrirán a instancias europeas y, en ese ámbito, la banca pierde y pierde sin
cesar. Los bancos debieran ir provisionando para hacer frente a este escenario,
y es muy probable que las hipotecas se encarezcan, al menos lo equivalente al
coste de ese impuesto, dado que la entidad puede repercutirlo, como operador
intermedio. Y el particular, a esperar y ver qué se decide. Así no hay manera
ni de crear mercado ni de que éste progrese. Menudo desastre.
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