Caos jurídico en pandemia

Es un tema que me supera y que, en el fondo no me gusta, pero a lo largo del fin de semana he leído algo sobre la decisión del Tribunal Constitucional que declara no acorde con la Carta Magna el estado de alarma declarado en marzo de 2020. Todos los textos, frente a la opinión de muchos periodistas de todos los lados posibles, no entran en la utilidad del encierro de cara al control de la pandemia en aquellas fechas, porque sobreentienden que era necesario y que funcionó a la hora de lograr el objetivo de la contención de los casos, sino si el paraguas legal que lo amparó era el correcto o se produjo alguna extralimitación en la figura decretada respecto a lo que se impuso como restricciones a la población. Debate jurídico, por tanto, no sanitario.

Al leerlos me ha pasado un poco como en esos apasionantes tiempos en los que uno estudiaba autores filosóficos y acababa con la sensación de saber cada vez más pero entender menos. Uno, pongamos, leía a Platón y quedaba convencido de la futilidad del mundo real y del reino de las ideas, mientras que a las dos semanas, tras conocer los fundamentos de la inabarcable obra de Aristóteles, salía convertido en un empirista absoluto y creía que Platón estaba equivocado. Y así una y otra vez, de tal manera que, poco a poco, se iba conformando no ya una creencia en los autores, sino en la complejidad de un mundo que es inabarcable y que cada maestro logra captar en uno de sus factores, pero no logra abarcar en su totalidad. Así, el debate del Constitucional ha sido enconado, con seis votos a favor y cinco en contra de declarar inconstitucional la manera en la que se aplicó el estado de alarma, y uno descubre que el resultado podía haber sido exactamente el inverso. Lee artículos al respecto y, al cabo de ellos, sólo da gracias de no tener que votar ante una decisión tan vidriosa y oscura. En parte la dificultad del tema se debe a que esas figuras legales se recogen en la Constitución con una cierta ambigüedad y que una pandemia, como la que vivimos, es algo que no se ha dado desde hace muchas generaciones, que nadie ha tenido ni idea de cómo enfrentar y que ha superado por completo el marco jurídico creado para una vida convencional, que es lo que había hasta hace año y medio. Por ello la polémica sobre la sentencia del Constitucional, que todos tratan de arrimar a la vera de sus intereses, es como mínimo obscena, y lo único que merecería investigación en ese caso sería las acusaciones sobre el gobierno de haber presionado a magistrados encargados de votar en esa sentencia para que apoyasen una decisión que, respaldada en su momento por todos los partidos, todos, hace que sea el actual gobierno el que deba asumir como errónea. Pero si en este tema del Constitucional las cosas son complejas y de difícil interpretación, no pasa lo mismo con todo lo que sucede a partir de verano del año 2020, una vez que decae ese estado de alarma inicial y empieza la convivencia con el virus. A partir de ahí el marco legal sigue completamente sobrepasado, y los repuntes y olas empiezan a darse de una manera muy sencilla, asociados a la movilidad e interacción social, pero ni el legislador, el Congreso, ni el partido gobernante ni los gobiernos regionales hacen anda, nada, nada para crear un marco que sirva para dar soporte legal a decisiones como toques de queda, confinamientos perimetrales y otras que, de manera selectiva, y ensayadas antes en el resto de Europa, empiezan a proponerse a finales del verano pasado. La llamada cogobernanza por parte del gobierno de Sánchez deriva en la renuncia al ejercicio de responsabilidad debido al gobierno central y el traslado de todas las decisiones, y costes, a los gobiernos autonómicos, donde administraciones de todo tipo y pelaje ideológico muestran, una tras otra, su fracaso en la gestión de la epidemia de una manera palmaria. Finalmente el gobierno central declara un nuevo estado de alarma en otoño del 2020, sin medidas asociadas, sólo para que sirva de paraguas jurídico a los incompetentes presidentes autonómicos para tomar medidas en sus amados territorios.

Ahora, verano del 2021, con la incidencia desatada, volvemos a ver la eterna discusión entre gobernantes de uno y otro rango sobre qué medidas tomar, y el patético resultado de que cada Tribunal Superior de Justicia regional dicte sentencias dispares sobre medidas aparentemente similares, porque su interpretación depende de cada caso, juez y circunstancia, y todo porque esa inutilidad de gobernantes que tenemos, centrales y autonómicos, no han hecho nada, nada, nada, para cambiar las leyes que hagan falta para dar cobertura a sus medidas. Sólo la vacunación nos va a salvar de que esta nueva ola de positividad llene los cementerios. De la acreditada incompetencia de nuestros gobernantes al respecto de la gestión pandémica, poco que añadir, se empeñan día tras día, ola tras ola, en mostrar su necedad.