Vuelta al trabajo

Parece que se ve la luz al final del túnel de la huelga de los funcionarios de justicia. Tras un fin de semana de reuniones maratonianas (¿por qué se usa esta expresión si no se mueven ni corren?, ¿por el agotamiento?) en el Ministerio, encabezadas por el inefable Mariano Fernández Bermejo, ayer se alcanzó un principio de acuerdo básico sobre las retribuciones a percibir por parte de los funcionarios de justicia de aquellas comunidades Autónomas que aún no tienen transferido este servicio, y que cobran mucho menos que los que sí se han transferido.

Este huelga, que de aceptarse el acuerdo en el referéndum de hoy terminaría tras más de dos meses de duración, ha puesto sobre la mesa un montón de problemas que aquejan no sólo a al administración de Justicia, sino a todo el país. Empezando por el hecho de que los actos judiciales son más importantes de lo que parecen, y que si no te pueden inscribir a tu recién nacido en el registro o tu boda, ni el niño existe ni el enlace es legal. Se han dado casos de bodas virtuales, con fastuoso convite, pero sin que los novios lleguen a estar realmente casados. ¿Y si se divorcian a las dos semanas? ¿Existe el divorcio en ese caso? ¿Qué ocurre con los bienes? No se, me parece complicado responder a todo esto, y quizás lo sea. Otro problema que ha aflorado en este conflicto, visible en muchas fotos e imágenes de televisión, es el atraso material, tecnológico y de trabajo que asola a los juzgados. Pasillos llenos de expedientes, carpetas, archivos, toneladas de papel tiradas por todas partes sin que nadie se haga plenamente responsable de ellas. Muchas imágenes que hemos visto de sedes judiciales seguramente no serían muy distintas de las que podríamos observar hace treinta años, y al hilo de lo que ha pasado con el caso Mariluz empieza a ser no urgente, sino imperioso el modernizar, informatizar, dotar de medios tecnológicos a la justicia. ¿Cuánto cuesta digitalizar los expedientes, crear bases de datos comunes, conectar a los juzgados por banda ancha y que las consultas se puedan a hacer vía Internet no sólo por parte de los funcionarios, sino por los procuradores, abogados y demás participantes en todo este mundo legal? A lo mejor ya existe algo de todo esto, no lo se, pero desde luego no parece que funcione con la rapidez necesaria ni que tenga las dimensiones adecuadas para absorber los problemas que hemos visto. Además ahora se suma el agravante de dar salida a los expedientes que, gracias a la huelga, se han acumulado supongo que en los lavabos o las aceras, que la sequía permite depositar papeles en la calle y que no pase nada, dado que los edificios están rebosantes de ellos. Y no sólo los juzgados, miremos cada uno nuestra mesa de trabajo y, probablemente, podremos contar varias montañas de papeles, que tienden a desbordarse las muy condenadas.

Y otro asunto que ha puesto en evidencia esta huelga, por si no era ya sangrante, es la discriminación entre Comunidades Autónomas. En este extraño país que hemos organizado hay comunidades de primera, segunda y octava regional, y ahí de uno si se tiene que trasladar de una a otra por motivo de trabajo o cualquier otro. Festivos distintos, normas diferentes, y lo que es peor, algunos derechos y deberes que no se parecen en nada entre sí. Por ejemplo, yo trabajo en Madrid, resido en Madrid, pago mis impuestos en Madrid, estoy empadronado en Elorrio, Vizcaya, y no tengo derecho a médico en Madrid. Me puedo sacar una tarjeta de desplazado, que se debe renovar cada tres meses, pero nada más, y todo ello gracias al gobierno de Madrid y del País Vasco. Pues vaya, y así un montón de cosas. ¿A que dan ganas y facilidades para irse a trabajar a otro lado?