Uno de los temas de fondo que
llevaba todo el verano anunciándose acabó por desvelarse ayer. Desde que
concluyó la vista en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la
doctrina Parot eran incesantes los rumores sobre si esta magistratura iba a
revocarla o no. Al poco de acabar las sesiones y dictarse el visto para
sentencia la sensación que dominaba era que, probablemente, la doctrina sería
aprobada por el tribunal, pero a medida que se acercaba el día del fallo crecía
la sensación de que la sentencia sería negativa. Ayer
se confirmó esta impresión, y hoy es el día del llanto para algunos y el de
la incomodidad para casi todos.
Mi sensación personal es de
derrota, no lo voy a ocultar, porque creo que esta interpretación del cómputo
de las penas, una cuestión contable, era una forma de dar a las penas de
terrorismo y de otros graves delitos la relevancia en años y condena que no les
otorgaba un código penal en el que asesinar salía muy barato. Como el
legislador, léase los gobernantes, sufren de pereza congénita en España,
tuvimos que esperar hasta pasado el año 2000 para que se reformase el citado
código y las penas se adecuasen a lo que la sociedad demanda, y se estila en
los países de nuestro entorno, poseedores de sistemas judiciales no tan
garantistas como el nuestro, que escandalizarían a algunos de los bienpensantes
tertulianos que no saben lo que es un delito. Así, terroristas de ETA y grandes
enemigos sociales, especialmente violadores múltiples, vieron cómo se retrasaba
el momento de su puesta de libertad, dejando para más adelante el inevitable
momento en el que volverán a la calle en libertad, hecho que se produciría con
la aplicación de la doctrina Parot o no. Recordemos que en España no existe
cadena perpetua de ningún tipo, por lo que un delincuente, sea cual sea su
pena, acabará saliendo de la cárcel en algún momento. Las víctimas del
terrorismo acogieron con satisfacción la puesta en marcha de esta doctrina, con
toda la lógica del mundo, y los sucesivos gobiernos que han regido mientras el
Tribunal Supremo la utilizaba han visto con buenos ojos su aplicación, pudiera
ser que por la razón moral que implica que un sanguinario terrorista siga en la
cárcel, pero especialmente debido a que esta metodología judicial les evitaba
abordar el marrón de la reforma del código penal, reforma que finalmente se
llevó a cabo en 2005, creo recordar, y que elevó el máximo de cárcel legal a
los 40 años, con cumplimiento efectivo, sin reducción alguna. Sobre el punto de
los años de cumplimiento, hubo argumentos periodísticos en su momento que, para
justificar la doctrina, usaban un criterio de contabilidad de años de pena
entre muertes causadas para indicar que no pueden salir gratis, o muy baratas,
las víctimas de un terrorista, pero me temo que la vida legal y social es más
compleja que las matemáticas. Un asesino múltiple, un etarra que mata a varias
personas con un coche bomba, un violador sádico que persigue a sus víctimas
como un depredador implacable, jamás, reitero, jamás podrán cumplir una pena de
cárcel que otorgue valor “en años” a cada uno de sus delitos, empezando por el
hecho de que la vida humana es finita y cada víctima se introduce en un
denominador macabro que reduce el resultado de la división. No ese ese el
argumento sólido y fiable para tratar este asunto, no. La base del diseño y aplicación
de la doctrina Parot era, sobre todo, tratar de dar a las víctimas de ETA una
pequeña satisfacción en medio de la absoluta indiferencia y desprecio con el
que las instituciones vascas y del resto de España les han tratado durante
tantos y tantos años.
Y es que este es el problema de fondo. Sólo a
partir de fechas muy recientes en la lucha contra el terrorismo se empezó a
apoyar y a apreciar a las víctimas. Durante los años ochenta y noventa las víctimas
estaban completamente abandonas por los gobiernos y la sociedad, despreciadas,
olvidadas, como si fueran un residuo. Fue Gesto por la Paz, junto con algunos
intelectuales valientes pero solitarios, el primero de los colectivos sociales
que les presto ayuda, amparo y, sobre todo, apoyo, visibilidad. Años de
abandono que han hecho que las víctimas se sientan recelosas y desconfiadas
respecto a los poderes públicos, a los que siempre han visto con una doble cara
al tomar decisiones que afecten a su dolor y vivencia. Por ello es comprensible
y lógica su reacción ante la sentencia de ayer, que hay que acatar y cumplir, pero
que va hacer revivir el dolor en su corazón.
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