El desastre de Lleida

Sanitariamente, la situación en la capital leridana y en el resto de municipios de la comarca de Sagriá es mala. Hace tiempo que se han perdido las cadenas de transmisión de virus y este corre descontrolado, que es eso lo que significa esa expresión de “transmisión comunitaria”. Los casos crecen día a día y hace tiempo que el brote se ha transformado en foco. El que muchos de los infectados sean personas adultas trabajadoras reducirá los niveles de hospitalización y letalidad, pero es evidente que la curva de ingresados en los hospitales locales va a tener pendiente positiva constante durante los próximos días, y para los sanitarios que allí se encuentran no va a haber diferencias entre lo que sería una segunda ola o este episodio que ya tienen delante.

Legalmente, la situación de Lleida y su entorno es un desastre absoluto y una nueva prueba de que, cuando queremos ser incompetentes, lo somos del todo. Han pasado apenas dos meses desde que vivimos los peores momentos de esta pesadilla vírica y la sensación es de que no hemos aprendido nada de nada de nada. En ningún aspecto. Tuvimos entonces un agrio debate sobre las prórrogas del estado de alarma y lo que implicaban, con gruesos cruces de acusaciones entre partidos, y votaciones en las que, casi siempre, el nacionalismo catalán rechazaba las extensiones de aquel estado excepcional por motivos tan ridículos como propios de su permanente paranoia política. Se dijo entonces que, una vez entrada en esta absurda normalidad en la que estamos, se trabajaría para dotarse de instrumentos jurídicos que permitieran realizar, si fuera necesario, confinamientos selectivos, de zonas dadas, sin que se tuviera que recurrir a la norma general para cerrar todo el país. ¿Qué se ha hecho por parte del gobierno para desarrollar esos instrumentos? Nada. ¿Qué se ha hecho por parte de las Comunidades Autónomas para enfrentarse a estas situaciones? Nada. Y nos encontramos ante el foco leridano sin tener ni idea de cómo actuar legalmente. El desgobierno de Torra trata de aplicar el cierre de la zona y el confinamiento de la población, pero carece de competencias para forzar eso, porque supone la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y eso sólo lo puede hacer el gobierno central amparado en normas excepcionales como el estado de alarma. Pese a ello, el President de la Generalitat, que se pone cachondo caca vez que puede saltarse la ley y enfrentarse a un juez, ha decidido que con un decreto de la Generalitat basta para ordenar el confinamiento de la población, una norma de un rango ínfimo para una medida de restricción de libertades tan intensa. Y no deja de ser divertido que este mismo grupo político que rechazaba los decretos de estado de alarma porque eran invasivos de la libertad decida que basta su mera firma para imponer una restricción equivalente. El gobierno central, atrapado entre la no actuación de sus servicios jurídicos para reformar las leyes y tener la posibilidad de crear estados de alarma “a la carta” y el apoyo que necesita de los nacionalistas catalanes para su gestión diaria se ha instalado en la no acción, y apenas responde ante el desastre competencial y jurídico que se ha organizado a cuenta de esta crisis. Nuevamente observamos la falla completa de nuestro sistema legal, que en el tema sanitario ya nos ha demostrado que cada CCAA va completamente a su bola, despreciando a todas las demás en gestión, acopios y respuestas, y que la autoridad nacional en esa materia es tan inexistente como imposible de recrear. Si alguno esperaba que tras los ridículos y vergüenzas vividos en primavera en esta materia íbamos a arreglar algo, que espere en un mullido sillón, porque le va a tocar estar allí mucho mucho tiempo de desesperanza.

Y claro, la población de Lleida, confusa e indignada, no sabe a qué atenerse. Ve que el virus crece, sin tener acceso a datos fiables, rigurosos y actualizados, porque los datos epídemicos en España siguen siendo, en su elaboración y difusión tercermundistas, y observan choque político y legal del que poco entiende por parte de quienes debieran ser sus responsables. Muchos optarán por, ante el desmadre, quedarse en casa para evitarse líos, pero muchos otros no podrán hacerlo por motivos económicos, y echar el cierre a sus negocios es una decisión que no puede ejecutar cualquier gobierno con cualquier norma. El ridículo que se está mostrando en este asunto por parte de todos los implicados es insuperable, pero tranquilos, ya lograremos empeorarlo en sucesivos episodios.